ELA logra que las empresas abonen cinco millones por sentencias en salud laboral

Así lo han advertido este miércoles los trabajadores de la entidad: Itxaso Imatz, David Pena y Ainhoa Ordorika, en una rueda de prensa en la que han explicado que su objetivo es «transformar la lógica empresarial para que las compañías asuman su obligación de invertir en prevención y entiendan que poner en riesgo la salud de los trabajadores no puede salir rentable».

La fundación Bidelagun ha impulsado una especialización jurídica, además de un trabajo de innovación preventiva, que ha se ha traducido en estos cinco millones a través de indemnizaciones por incumplimientos, daños y recargo de prestaciones, entre otros. Entre las actuaciones más relevantes destacan las intervenciones realizadas en materia de amianto y silocosis. Éstas habrían derivado en resoluciones judiciales que han reconocido una relación directa entre la exposición laboral y el fallecimiento o enfermedad de personas afectadas. En este tipo de procesos, según han afirmado, se habrían incluido a empresas como Petronor, Iberdrola, Patricio Echevarría, CIE Automotive, Sunsundegui, Koyo Bearing, Forjas Alavesas, Acenor, Acería de Álava, Tubacex, Fagor Ederlan, La Naval, Sidenor, Cofivacasa o Fundiciones Fumbarri, entre otras.

En cuanto a accidentes de trabajo, desde Bidelagun han destacado el recargo de prestaciones y las indemnizaciones alcanzadas derivados por casos de estrés así como las bajas derivadas por trastornos adaptativos con ansiedad que han sido reconocidos como siniestros laborales en Osakidetza, Ikastola Ander Deuna, el Centro Carlos III, AKT Plásticos o, más recientemente, en el Ayuntamiento de Oñati y en el de Vitoria. «Este reconocimiento incorpora los daños psicosociales como contingencia profesional y abre la vía para exigir responsabilidades por falta de prevención», han citado.

En la presentación de la memoria, los responsables de Bidelagun también han señalado otros reconocimientos de accidentes laborales por caídas, golpes y acompañamientos, situaciones de riesgos psisocociales, acoso y agresiones sexuales y casos de covid persistente.

Además del ámbito jurídico, la fundación también ha impulsado labores de formación, sensibilización e investigación, reforzando el trabajo sindical de ELA en materia de salud laboral. Ahora, de cara al futuro, su objetivo es ampliar la acción jurídica, con un foco puesto en la atención a los riesgos psicosociales ya que «hoy consitituyen una de las principales amenaza para la salud». Además quieren reforzar su papel como espacio de referencia técnica y formativa. «El propósito sigue siendo el mismo que inspiró su creación: construir un modelo en el que la salud de las personas trabajadoras esté en el centro, y en el que la impunidad empresarial tenga un coste real», han señalado.