Las diputaciones vascas aspiran a regular el nuevo impuesto a banca y energéticas
Pedro Sánchez se ha comprometido a incorporarlo al Concierto Económico tras el pacto con el PNV
El real decreto ley aprobado esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez incorpora pocos detalles sobre la revisión que se va a hacer del ... gravamen especial sobre banca y empresas energéticas -es una tarea que se deja para la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2024-, pero sí fija dos aspectos claves para el País Vasco: se convertirá en un impuesto -no alcanzaba hasta ahora esa categoría- y se concertará. Traducido al lenguaje institucional, se incorporará al Concierto Económico Vasco -también al Convenio Navarro-, lo que abre la puerta no solo a que las diputaciones vascas reciban de forma directa el ingreso sino, lo más importante, a que reclamen la capacidad normativa.
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Fuentes del Partido Nacionalista Vasco dieron ayer por seguro que en las negociaciones que se abrirán cuando ya sea regulado como un impuesto -hay que hacer un acto de fe de que esto ocurrirá y que los Presupuestos de Sánchez tendrán una mayoría suficiente para culminar esa tarea-, las diputaciones van a reclamar tener la capacidad normativa.
Sobre el papel, al menos, encaja con la tradición de otorgar a las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa la capacidad para elaborar sus propias normas sobre los impuestos directos y éste será uno más de esa naturaleza. El Real Decreto tan solo anticipa que se tendrán en cuenta deducciones por inversiones en aspectos claves para la transición energética -nombra de forma textual la producción de hidrógeno o los combustibles renovables-, algo que conecta de forma muy directa con las reclamaciones realizadas por los responsables del grupo Repsol y también por el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra. Ambas cuestiones, la inclusión en el Concierto Económico y la habilitación de deducciones por inversión, han sido claves para que el PNV comprometa su respaldo al real decreto publicado ayer en el BOE. La letra pequeña de todo ello, sin embargo, está en el aire y se desconoce.
Un largo camino
Si se superan tres hitos que no van a ser sencillos para el gabinete de Pedro Sánchez -convalidación del real decreto, conversión del gravamen en impuesto en unos Presupuestos con suficiente respaldo parlamentario, y una reforma del Concierto Económico que también exige mayoría en el Congreso-, las diputaciones vascas, con toda seguridad, tratarán de introducir modificaciones respecto a la regulación del Estado. Es algo que el PNV lleva a gala para evitar que «las Juntas Generales sean meros amanuenses que copian la normativa tributaria del Estado», como han señalado sus responsables en numerosas ocasiones. Lo han hecho desde que tienen capacidad normativa en el resto de impuestos directos -Sucesiones y Donaciones, IRPF, Sociedades o Patrimonio- y lo han ratificado hace apenas unos días en el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
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Las negociaciones entre las instituciones vascas y Ejecutivo central en torno al Concierto Económico -la costumbre indica que son lideradas por el Gobierno vasco-, tiene también pendiente la regulación de otro impuesto directo de nueva creación. Se trata del tributo complementario al de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas, y que establecerá un tipo mínimo global para los grandes grupos empresariales no inferior al 15%.
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