La firma de convenios y la tregua en el sector público reducen la conflictividad en Euskadi

La conflictividad en el País Vasco alcanzó su pico en 2022 por la huelga del Metal de Bizkaia, que duró 11 días y distorsiona las estadísticas. Ese año se contabilizaron 342 paros, la mitad de todos los registrados en España, pero lo más llamativo es que Euskadi también concentró el 54% de todas las jornadas perdidas por conflictos laborales en el país, algo inaudito.

A partir de ahí se produjo una caída. Ya en 2023 bajó la conflictividad y este año continúa la tendencia. Con todo, Euskadi sigue concentrando el 40% de las huelgas de España y el 17% de las jornadas perdidas. Y es que en el conjunto nacional también están descendiendo las protestas.

Esta mejora se ha notado especialmente en el sector privado, que se ha beneficiado de un gran avance en la negociación colectiva. «En los últimos tres años se han firmado casi 60 convenios sectoriales, más que toda la pasada década. Y eso que la inflación alcanzó cotas históricas, pero hemos logrado llegar a acuerdos», señala Juanjo López, de CC OO Euskadi. Según explica, ha habido convenios como los del Metal de Bizkaia y Álava que los firmaron este sindicato, LAB y UGT, pero «también ha habido un cambio en la estrategia de ELA, que se ha abierto a negociar acuerdos sectoriales cuando antes apostaba por los de empresa».

El caso es que se ha producido un salto de gigante en una negociación colectiva que estuvo años bloqueada. Al cierre de octubre, últimos datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL), 422.272 trabajadores vascos tenían su convenio actualizado, lo que supone un 65,5% del total y un máximo desde la reforma laboral de 2012. «Se firmaron acuerdos importantes en 2022 y 2023 que todavía siguen vigentes. Por eso ha bajado la conflictividad», apunta Pello Igeregi, de ELA. Este sindicato ha hecho bandera de las huelgas como seña de identidad reivindicando que gracias a ellas se logran buenos acuerdos, aunque cabe destacar que el convenio del Metal de Gipuzkoa lo pactaron en 2023 con Adegi sin un solo día de movilizaciones.

Eso en el sector privado, porque en el público las cosas han discurrido por cauces diferentes. Los sindicatos, con excepción de UGT, convocaron a los 150.000 trabajadores dependientes de la Administración -Osakidetza, educación, Lakua, diputaciones, ayuntamientos- a tres huelgas, dos a finales de 2023 y una tercera el 12 de marzo de este año, poco antes de las elecciones en Euskadi. Los motivos alegados eran la pérdida de poder adquisitivo, la alta temporalidad en el sector y la reivindicación de que los aumentos salariales y las tasas de reposición se decidan en el País Vasco con independencia de Madrid. El Gobierno vasco y el PNV recibieron estas convocatorias con gran malestar y no dudaron en vincularlas con «un interés político claro de desgastarles ante el proceso electoral». El sindicato UGT, que se desmarcó, también las calificó de «paripé» al advertir «su falta de objetivos concretos».

Esas huelgas, que afectaron al transporte y los centros educativos, tuvieron un seguimiento limitado -según el departamento de Trabajo solo 12.000 trabajadores pararon, frente a los más de 25.000 en el Metal de Bizkaia-, pero generaron mucho ruido. Además se mezclaron con otros conflictos como el de Bilbobus, que se cerró en junio. Pese a no haber habido ningún avance las protestas cesaron tras las elecciones. «Hemos esperado a ver si había un cambio con el nuevo Gobierno pero, aparte de la Mesa de Salud, no vemos ninguno, así que en breve se retomarán las movilizaciones, especialmente en educación», advierte Oihane Lopetegi, de LAB. «Los hechos nos han dado la razón en que aquellas huelgas tenían connotaciones políticas como denunciamos», rebate Daniel González, de UGT-Euskadi.