Euskadi acuerda con el Gobierno central aumentar en 2.000 millones su margen de endeudamiento

Esta financiación adicional supone un auténtico balón de oxígeno para el Gobierno vasco. Los Presupuestos de este año se configuraron con una previsión de crecimiento del 2% y un 11,4% de deuda sobre el PIB. Sin embargo, estas cuentas públicas se diseñaron antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y de conocer el alcance que podría tener su política proteccionista.

La reunión –encabezada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el consejero del mismo ramo en el Gobierno vasco, Noël d'Anjou– se celebró en un momento en el que la quita de la deuda a las comunidades autónomas del régimen común está en plena tramitación parlamentaria. La medida, impulsada por Sánchez para contentar a ERC, revolvió el pasado febrero a un Ejecutivo autonómico que anunció que vigilaría «la letra pequeña» de cada acuerdo de condonación.

La cuestión es que el Gobierno vasco ha querido evitar a toda costa que esta quita de la deuda suponga un agravio comparativo para Euskadi, blindada bajo el paraguas del Concierto Económico. «A nosotros nadie nos va a perdonar nada», coincidían en plena negociación los responsables del Ejecutivo autonómico y las haciendas forales. Es por ello que, ante la posibilidad de que otros territorios vean aumentadas sus posibilidades de acudir a los mercados tras ver reducido su pasivo, Lakua reclamaba elevar al 15% su límite de financiación adicional. Este porcentaje es, en cualquier caso, inferior al volumen de deuda que soportan el resto de comunidades, que ronda el 20% según la AIReF.

La Comisión Mixta del Concierto, en su cuarta reunión en apenas seis meses, también aprobó «aplicar los ajustes precisos en el cálculo del Cupo –ahora del 6,24%– para garantizar la neutralidad financiera». Es decir, que Euskadi no salga perjudicada cuando en 2027 ambos ejecutivos se sienten a negociar la ley quinquenal que determina las aportaciones de las administraciones vascas al Estado por los servicios que presta en los tres territorios.

En una Euskadi con la pirámide poblacional invertida y unos servicios sociales que cada día están más saturados, el Gobierno vasco y el central alcanzaron un acuerdo que, en principio, servirá para evitar que el sistema se tensione todavía más. El Estado pasará a financiar, con el horizonte puesto en 2027, el 50% del gasto total de las administraciones vascas en la gestión del sistema de dependencia. Es decir, las residencias, los centros de día, la teleasistencia o la ayuda a domicilio, entre otros servicios.

Sin embargo, la realidad es que el Gobierno central ya debería abonar el 50% de estos servicios, pues así lo exige la Ley de Dependencia, aprobada en 2007. En 2023, último año del que hay registros, el montante por esta cuestión que Madrid transfirió a las diputaciones ascendió a 152 millones de 949. Es decir, el 16% del total.