Europa conmina a Ryanair a aplicar el derecho laboral local a toda su plantilla

Europa conmina a Ryanair a aplicar el derecho laboral local a toda su plantilla
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La aerolínea ha ido firmando acuerdos en algunos países, pero se resiste a dejar de aplicar la legislación irlandesa como norma general

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El 'Goliath' del transporte aéreo 'low cost', Ryanair, ya ha empezado a perder algunas de sus casi innumerables batallas con el 'David' sindical, pero se resiste a dar su brazo a torcer de forma general. El grupo dirigido por el controvertido Michael O'Leary insiste en imponer la legislación irlandesa, país donde tiene su sede la matriz, como norma por más que la Comisión Europea (CE) y varios Estados de la UE le hayan conminado ya a lo contrario.

Se apoyan al respecto en la normativa laboral europea y en las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE). En ellas la curia comunitaria respalda el criterio de la CE de que en aquellos países donde opera debe someterse a las reglas nacionales de sus mercados de trabajo respectivos. En concreto, afirma que los conflictos que puedan darse con sus empleados deben dirimirse en los juzgados del lugar donde desempeñaban su trabajo y no en el país de bandera de la compañía.

Esa es precisamente una de las líneas rojas que siempre ha defendido Ryanair: no admitir otra jurisdicción que no sea la irlandesa, con un marco laboral mucho más favorable para el empresario. Esto, sin embargo, ha ido cambiando en parte en los últimos meses a golpe de sentencia.

Fue la propia compañía aérea la que cruzó primero esa puerta en Francia. En 2011 cerró su base en Marsella tras un proceso judicial por la supuesta contratación irregular de sus tripulaciones, no registrados a nivel local sino en Irlanda como las matrículas de los aviones en los que trabajaban. Por eso los impuestos y seguros se abonaban en aquel país.

El Tribunal Supremo francés le dio la razón en septiembre, abriendo el camino a la devolución de 13 millones de euros en pagos a la Seguridad Social bloqueados por las autoridades. Ha sido de las escasas victorias de Ryanair en su guerra laboral europea, pero puede terminar en derrota porque, además de que el caso va a ser revisado por la Corte de Apelación de París, se ha instado a la empresa a variar su forma de actuar.

De hecho, los responsables de la aerolínea ya han negociado volver a tener bases en Francia -sería en 2019, en Marsella y Burdeos-, esta vez con contratos nacionales y pagando allí los impuestos. Es justo lo que le vienen demandando desde entonces en Bruselas pero para toda la Unión.

«Es un comienzo que se negocie», ha dicho la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, sobre los procesos abiertos por la compañía en varios países europeos desde entonces, también empujada por las huelgas de sus tripulaciones. «Pero la implementación de la ley existente -ha advertido- no es objeto de esas conversaciones». Esto es, en Bruselas quieren que aplique ya la legislación laboral de cada país donde opera, con independencia de los acuerdos que pueda alcanzar luego.

Veto a comités y sindicatos

Italia, Portugal, Bélgica y Alemania son los cuatro países donde ha ido alcanzando acuerdos parciales e incluso aceptando a los sindicatos -aunque solo a algunos-, otro de sus vetos históricos. De hecho, casi por norma, sigue sin reconocer a los comités de empresa en sus bases. Asimismo se han firmado nuevos convenios colectivos, pero a la hora de que sus empleados coticen a la Seguridad Social en el país donde trabajan se ha amparado en un vacío legal europeo para no hacerlo hasta 2022, cuando será obligatorio en virtud del plazo previsto en una ley aprobada en 2012.

En España llegó a un acuerdo a finales de octubre con el Sepla, el sindicato mayoritario de pilotos -en la aerolínea irlandesa representa a dos tercios de ellos- que, gracias a dicho pacto, será el único al que Ryanair reconozca para negociar el primer convenio para este colectivo. También aceptó ir adaptando sus contratos a la normativa nacional a partir del 31 de enero y, a cambio, la central retiró una demanda judicial.

Los tripulantes de cabina (TCP) españoles, sin embargo, siguen sin alcanzar un acuerdo para los mismos objetivos (aplicación de la legislación local y reconocimiento sindical) e incluso acusan a la compañía aérea de «despreciarles, poniendo límites y trabas a la negociación». Dicen «no entender» por qué han cedido con los pilotos y no con ellos.

Por eso ven «cada vez más cerca la convocatoria de una huelga en Navidades», la tercera tras los paros de marzo y julio. Y podría ocurrir lo mismo con los TCP en otros países europeos. Esta semana los ministros de Trabajo de Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo conminaban a Ryanair a aplicar el derecho laboral local a «todo su personal». De no encontrar «una solución de forma urgente», advertían, «se expone a riesgos jurídicos». Los sindicatos se preguntan por qué los responsables de Francia y España no les secundaron.

El polémico cobro de equipaje de mano, bajo vigilancia

La resistencia de Ryanair a la hora de aplicar las normas europeas va más allá del mercado laboral. Viene ocurriendo en materia de indemnizaciones por retrasos en los vuelos y otras incidencias, y puede terminar pasando con sus nuevos cobros de comisiones por equipaje.

      De hecho, las autoridades de competencia italianas van a prohibirle cargar a sus clientes un suplemento por equipaje de mano en cabina, un nuevo cargo que la aerolínea de bajo coste y su rival Wizz Air iban a aplicar desde el 1 de noviembre. Ante la polémica generada, Ryanair ha concedido un «período de gracia» a sus clientes en los primeros días. Después les cobrará entre seis y ocho euros por la típica maleta de cabina, si bien llevar un bolso, un maletín o una mochila pequeña seguirá sin suponer un coste aparte.

      La Comisión Europea (CE), «consciente» de las dudas de legalidad que presenta la nueva política de equipaje de Ryanair, ha ido recabando información. En España, el Ministerio de Fomento también lo está estudiando «en detalle».

      A su vez, las comisiones de Transportes y de Medio Ambiente del Europarlamento están analizando varias quejas de asociaciones de consumidores. Corresponden tanto del nuevo cargo como de la práctica de la compañía de asignar asientos separados a familias, cobrándoles luego un extra por viajar juntos.

      Respecto a las indemnizaciones por retrasos, y tras multiplicarse las demandas por las últimas huelgas de sus tripulaciones en varios países, Ryanair va a cambiar sus condiciones generales de uso para que solo se puedan reclamar en un tribunal irlandés. Desde la CE ya le han advertido de que eso es «claramente contrario a las reglas de consumo».

     

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