A la espera de que Madrid determine la subida salarial de los funcionarios vascos
El Ministerio de Función Pública y los tres sindicatos mayoritarios de la Administración -CSIF, UGT y CC OO- han iniciado esta semana las negociaciones para ... pactar la subida salarial de 3,5 millones de funcionarios. El Gobierno central plantea un acuerdo plurianual, de 2026 a 2028, con un componente fijo y otro variable destinado a garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Aunque aún no se han concretado las cifras, las centrales dan por hecho que la revisión superará la inflación prevista.
El acuerdo que se alcance -y que deberá aprobarse en un Congreso en el que cada votación se ha convertido en un auténtico test de estrés- se aplicará también a los funcionarios vascos. Aunque se da por hecho que Lakua adoptará el incremento máximo permitido, los sindicatos vascos reclaman ir más allá y ajustar las mejoras a la realidad retributiva de Euskadi. ELA, LAB, CCOO y UGT coinciden en pedir que se explore la vía de los complementos salariales. Los sindicatos nacionalistas, sin embargo, llevan más lejos sus reivindicaciones y cargan contra el Ejecutivo por «ignorar el autogobierno y someterse a Madrid».
Lakua sostiene que resulta imposible aplicar una subida generalizada en la función pública, ya que el tope retributivo lo fija la normativa estatal. La consejera de Gobernanza Pública, Maria Ubarretxena, reparó el viernes en que los complementos salariales se reservan para actividades específicas y que no pueden generalizarse al conjunto de los empleados públicos. Al mismo tiempo, subrayó el interés del Gobierno en asumir competencias plenas en materia de función pública. Un compromiso, el de que Euskadi pueda realizar subidas superiores a las del resto de comunidades, que adquirió Pedro Sánchez con Andoni Ortuzar para asegurar su investidura y sobre el que no ha habido avances.
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