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ASLE, la asociación que aglutina a las sociedades laborales y empresas participadas vascas -aquellas cuya propiedad está en manos de los trabajadores-, celebró ayer sus ... 40 años de historia con un acto en el que reivindicó su modelo y se planteó una decena de iniciativas para la próxima década. Entre ellas, la de solicitar un cambio normativo para que la creación de este tipo de firmas con solo dos socios no esté limitada a tres años, sino que sea indefinida. «Esto permitiría que se conviertan en un modelo de emprendimiento atractivo y flexible, además de situarse en igualdad de condiciones respecto a otras fórmulas jurídicas», señaló su gerenta, Jone Nolte.
El evento se celebró en el Museo Marítimo de Bilbao y contó con la participación de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, quien avanzó que la partida destinada a economía social crecerá un 7,3% en los Presupuestos de 2023, hasta los 8,2 millones. Recordó que ya para este ejercicio se aprobó un incremento histórico del 29% que, como consecuencia de la guerra en Ucrania, «se duplicó».
Mendia resaltó que quienes trabajan en una empresa de este tipo «se comprometen en su gestión, la conflictividad se convierte en colaboración, los beneficios y los esfuerzos se comparten y las empresas resisten mejor cuando las cosas se complican».
En la actualidad existen en Euskadi cerca de 600 firmas constituidas bajo este modelo en el que los dueños son los trabajadores y generan un total de 7.000 empleos. Al congreso se llevaron las conclusiones de las mesas de trabajo creadas para reflexionar sobre la hoja de ruta de la próxima década, lideradas por Josetxo Hernández, impulsor de las sociedades laborales y gerente de ASLE durante 38 años; Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales; Ainhoa Zatarian, consultora de OPE Consultores; Sabin Azua, presidente de Eusmex y asesor de B+I Strategy; y Arantxa Atxa, directora de Unesco Etxea.
Aparte de esa petición de que las firmas con solo dos socios puedan mantenerse más allá de los tres años -la normativa actual exige como norma tres, salvo esa excepción-, se contemplan otras propuestas como avanzar en la incorporación de los trabajadores no socios; impulsar las empresas participadas -negocios en los que, sin ser sociedad laboral, los trabajadores forman parte de la gestión y el capital-; promover una ley en el marco de la UE; o desarrollar un modelo de retribución compartido ligado a la capacidad de generar ingresos.
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