Las nuevas ayudas a las empresas con problemas llegarán con el segundo trimestre bien avanzado

La complejidad a la hora de poner en marcha esos 11.000 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reside en que son varias las instituciones, agentes y organismos implicados en un programa muy estudiado por el Ministerio de Economía. El departamento dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño ha querido afinar los fondos públicos, para que lleguen a los negocios que lo estén pasando realmente mal, pero que sean viables en el futuro. Fuentes de Economía señalan que una vez que se apruebe el plan después llegará «un proceso de articulación» complejo, porque cualquier adjudicación de dinero público, como el que se va a desarrollar «requiere sus garantías».

El plan estará estructurado en tres grandes líneas de apoyos, según fuentes gubernamentales. Por un lado, Economía ha incluido un paquete para «seguir impulsando ayudas directas», dotando de recursos a las comunidades autónomas, que las pondrán en marcha con las aportaciones que realice el Estado. Serán los Gobiernos regionales los encargados en última instancia de habilitar estas inyecciones de dinero que muchos empresarios -lease, hostelería y turismo, a grandes rasgos- esperan como agua de mayo. Las comunidades han comunicado ya a Hacienda que destinarán 2.000 millones para pymes y autónomos: un 25% del dinero que el Gobierno había decidido transferirles a través de los fondos europeos.

La otra gran medida supone «el alivio de la carga financiera» de las empresas. En este caso, la negociación ha sido más compleja, ya que el Gobierno necesitaba la colaboración de la banca. Las entidades habilitarán la reestructuración de la deuda de las empresas que hayan obtenido créditos con avales públicos del ICO, que tendrá su protagonismo en este programa. Lo harán, pero bajo criterios estrictamente financieros. Porque, como anticipaba el gobernador del Banco de España esta misma semana, la crisis actual no puede derivar en una crisis financiera como la de hace una década si se obliga a los bancos a tomar determinadas medidas, como las quitas. De hecho, esta posibilidad será la última opción. Para articular este sistema, se creará un código de buenas prácticas para que las entidades trabajen bajo esas premisas genéricas.

Además, Economía estudia prorrogar la actual moratoria que exime de presentar un concurso de acreedores a las empresas con problemas. Fue una de las primeras medidas que el Gobierno puso en marcha en marzo del año pasado, que ya renovó en septiembre y que expira el próximo día 14. Todo apunta, según fuentes oficiales, a que habrá una tercera ampliación para evitar un reguero de quiebras.

La tercera pata, la que tendrá menor relevancia económica, pasará por «recapitalizar y reforzar la solvencia» de los negocios. Será una especie de fondo de rescate público como el de la SEPI con las grandes compañías (el de Air Europa ya está en marcha, por ejemplo). Inyectará dinero a empresas con problemas que lo soliciten a través de diferentes fórmulas y será gestionado por Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), sociedad controlada por el Estado que facilita financiación a medio y largo plazo a proyectos viables.