El Montepío del IMQ se fractura en una asamblea con acusaciones de «pucherazo»
El grupo contrario a la venta de acciones a Adeslas retiene el control de la entidad en un enfrentamiento que camina hacia los tribunales
El Montepío, la entidad que gestiona el fondo de pensiones en el que participan médicos y empleados de IMQ, celebró ayer su asamblea anual en ... medio de una gran tensión y con acusaciones de que se produjo un «pucherazo», al tiempo que se ha abierto otra profunda brecha en la crisis que afecta a la principal aseguradora de salud del País Vasco. Una más que añadir a los dos años de crisis interna, que parecían encauzados tras la junta de accionistas del pasado mes de junio, en la que una amplia mayoría votó a favor de la venta de acciones a Adeslas. El 53% de los accionistas de IMQ -una mayoría absoluta del capital social- dieron su respaldo al consejo de administración en la última junta de accionistas para que profundizase en ese acuerdo de venta de acciones a Adeslas. Lo sucedido ayer en la asamblea del Montepío no puede interpretarse sino como un movimiento para torpedear esa operación.
El plan de pensiones de IMQ se sumerge así en la misma crisis, al tiempo que se ha creado un enfrentamiento abierto con el consejo de administración de la aseguradora y, en la práctica, con la mayoría de los accionistas. Al frente del Montepío y como presidente interino continuará José María Castaños, tras la decisión de impedir ayer el nombramiento como presidenta de Beatriz Astigarraga, pese a que así lo determinan los estatutos.
1,5 millones de euros anuales ha aportado en 2019 y 2020 IMQ Seguros al fondo de pensiones
La clave
Camino del juzgado
Representantes legales de un buen número de partícipes del Montepío ya han anunciado que impugnarán la asamblea celebrada ayer e incluso que interpondrán acciones por la vía penal «porque el pucherazo ha sido grosero y descarado», indicaron. En el transcurso de la asamblea solicitaron a los responsables de la gestión de la entidad que «conserven todos los listados y documentos de delegación de voto y no destruyan pruebas». Un notario, contratado por los partidarios del consejo de IMQ, levantó acta sobre las presuntas irregularidades cometidas en el transcurso de la asamblea.
El conflicto se evidenció desde el mismo momento de comenzar la asamblea y tras conocer que se habían anulado las delegaciones de voto de 41 integrantes del mismo por supuestos defectos de forma. Al parecer, los responsables del Montepío se negaron a desvelar qué delegaciones en concreto eran las que han sido anuladas, al tiempo que también anunciaron que no harían público el listado de personas asistentes y representadas, lo que disparó las sospechas de que se había cocinado «un auténtico pucherazo» en el proceso de votaciones.
Junto a ello, se había dispuesto un sistema electrónico de voto que hizo imposible verificar las votaciones. Los partidarios del consejo de administración del IMQ habían presentado delegaciones de voto que les hubiesen otorgado una mayoría holgada en las votaciones, pero la anulación realizada antes de iniciarse la reunión les dejó en minoría. Aunque los estatutos del Montepío establecen que el representante de IMQ Seguros debe ser también el presidente de la institución, este nombramiento no fue ratificado ya que el grupo contrario al consejo de la aseguradora indicó que «están en conflicto» y que ello desaconseja su designación.
Renovación de cargos
La asamblea, aunque convocada para tratar temas ordinarios, era decisiva ya que se sometía a votación la renovación de cargos en el consejo, que hasta ahora ha estado controlado por los contrarios a la venta de acciones a Adeslas. El Montepío tiene una gran capacidad de bloqueo en torno a lo que pueda suceder con el IMQ, ya que los mecanismos de blindaje que se introdujeron hace dos años en los estatutos del grupo así lo establecieron. Pese a que el fondo de pensiones tan sólo posee el 0,1% de las acciones del grupo, dispone de una acción de oro que dificulta la entrada de accionistas externos e incluso la modificación de los propios estatutos.
La participación en el plan de pensiones que gestiona este Montepío siempre ha sido voluntaria, de ahí su que su composición no sea un fiel reflejo de la nómina de accionistas, médicos y empleados de IMQ. Quienes están en IMQ como trabajadores, médicos o accionistas no necesariamente pertenecen al Montepío. La aseguradora tiene en la actualidad 1.170 accionistas pero menos de la mitad son beneficiarios del plan de pensiones. El Montepío tiene 669 partícipes. De ellos, 141 son empleados de la compañía y 528 médicos, pero de estos últimos tan solo 489 son accionistas de la aseguradora. Un detalle que contrasta con la capacidad de bloqueo que tiene sobre el futuro de la compañía aseguradora, si se tiene en cuenta además que las aportaciones que se realizan al plan de pensiones van en detrimento del beneficio de la compañía y con ello del dividendo que pueden cobrar anualmente los accionistas.
Un enfrentamiento creciente que debilita el fondo de pensiones
El Montepío es para el IMQ el equivalente a un fondo de pensiones de empresa. La compañía aporta cada año un dinero al fondo, para complementar el desembolso que hacen los partícipes. La cantidad se acuerda cada año, lógicamente en función del número de beneficiarios que tiene el plan y de las necesidades de financiación. Ya el anterior consejo de administración de IMQ, bajo la presidencia de Pedro Ensunza, decidió recortar las aportaciones por el descenso de beneficiarios. De 2 millones de euros se pasó a 1,5 en 2019 y 2020. Las últimas señales de alejamiento por parte del Montepío han sido la creación de una estructura propia de empleados -antes la gestión la realizaba el propio IMQ- y la contratación como director del exresponsable financiero de IMQ, que fue despedido por el actual consejo de administración.
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