La junta de IMQ autoriza al consejo a negociar la entrada de un socio externo
La aseguradora consigue encauzar la búsqueda de una solución a su crisis interna, aunque en medio de un intenso debate
La junta de accionistas de IMQ, la principal aseguradora de salud del País Vasco, ha autorizado este viernes al consejo de administración de la ... compañía a negociar la entrada de un socio externo, previsiblemente la firma SCA Adeslas, como parte de un paquete de medidas que persigue resolver la crisis interna en el accionariado. La propuesta del consejo, que deberá acudir a otra junta con una iniciativa más perfilada para ser ratificada, salió aprobada por mayoría, en una votación muy reñida y tras un intenso debate. El 59% de los votos respaldó al consejo y el 41% se posicionó en contra. Asistieron 128 personas, que representaban a 900 de los 1.170 accionistas.
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Un consejo con respaldo absoluto a la presidenta
El conflicto probablemente llevaba larvado mucho más tiempo, pero salió a la superficie a principios de 2019. Un grupo de médicos-accionistas, hartos de que la cúpula de la compañía hiciese oídos sordos a sus argumentos, decidió pasar al ataque. Contrataron a un banco de negocios –Arcano–, a una firma de abogados –Garrigues– y a una consultora de comunicación –Kreab– para abordar un movimiento contundente: conseguir el respaldo de una mayoría de accionistas y forzar un cambio en los estatutos para instaurar la venta libre de sus títulos de propiedad, que siempre ha estado bloqueada por la normativa interna. IMQ es una compañía saneada, con una cuota de negocio envidiable en el País Vasco y tiene un gran atractivo para muchas empresas del sector del seguro e incluso para fondos de inversión. Nacía en ese episodio la plataforma de accionistas PAI.
Una batalla prolongada
El consejo de administración, con el impulso del entonces director general de la compañía, Miguel Ángel Lujua, optó también por la guerra en los momentos iniciales: confrontación pública, acusaciones directas contra quienes deseaban vender –contratación de detectives privados incluida– y cambios en los estatutos de 'tapadillo' para blindar aún más la sociedad. Para añadir más elementos, nació también como reacción a la asociación PAI otro colectivo de accionistas, Ademi, que se oponía frontalmente a una venta libre de acciones para defender que la empresa siguiese controlada por médicos.
La propuesta aprobada faculta al consejo de administración para elaborar una hoja de ruta que permita contentar al mayor número de accionistas. Así, deberá establecer un precio concreto de compra de las acciones para aquellos accionistas que deseen abandonar la compañía y determinar qué parte podrá adquirir la propia sociedad a corto plazo y con sus actuales recursos. Además, deberá establecer las condiciones de acceso de nuevos accionistas, con el fraccionamiento de los paquetes de títulos, valorar también la posibilidad de vender algunos activos de la sociedad y, lo más trascendente, negociar un compromiso con un socio externo.
La entrada de un socio se convirtió en el punto más polémico de la junta, ya que si bien es la garantía para obtener el mayor precio de mercado posible para los actuales propietarios, también despierta temores de que provoque en el futuro una pérdida de control de la compañía por parte de los médicos. El consejo de administración ha basado su propuesta en un informe elaborado por la firma Attest, que junto a la utilización de recursos propios y de venta de activos, recomienda incorporar un accionista nuevo que actúe como garante del futuro. Esto es, una compañía que se comprometa a adquirir las acciones en el caso de que el resto de recursos se revele insuficiente y ante una previsible salida masiva de médicos en los próximos años.
La negociación con el nuevo socio, según la propuesta aprobada, exige mantener el modelo asistencial, la permanencia de los médicos de familia y el arraigo de la compañía en el País Vasco. Incluso, debe tener en cuenta la idea de «mantener el control en manos de los médicos todo el tiempo que sea posible»; de ahí que si hubiese una importante incorporación de nuevos socios, la participación del socio externo sería marginal.
El expresidente Pedro Ensunza, que votó en contra de la propuesta del consejo aunque había anunciado que la apoyaría, aseguró que esta es «una operación orquestada para dejar IMQ en manos de Adeslas».
Un grupo de trabajadores exige mantenimiento del empleo
Varias decenas de empleados del grupo IMQ, convocados por el sindicato ELA, se manifestaron ayer a las puertas del Palacio Euskalduna donde se celebró la junta de accionistas de la compañía. La protesta está ligada a la exigencia del mantenimiento del empleo y del arraigo de la empresa en Euskadi.
La cdentral sindical ya mostró recientemente sus temores a que la deriva accionarial que puede tener la compañía provoque una deslocalización de los centros de decisión. También considera que pueden deteriorarse las condiciones laborales de los empleados, tanto de la aseguradora como de las clínicas y del resto de sociedades filiales que forman parte de IMQ.
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