El Gobierno vasco ampliará hasta 300 millones el fondo para comprar acciones de empresas
El Ejecutivo de Urkullu aprueba la creación de una sociedad pública instrumental para gestionar el Finkatuz, dotado por ahora con 160 millones
El Gobierno vasco ha anunciado su deseo de ampliar de 160 hasta 300 millones de euros el fondo Finkatuz, destinado a tomar participaciones en empresas ... que se consideren estratégicas, con el objetivo de influir para garantizar el arraigo de sus actividades e impedir con ello el potencial peligro de una deslocalización. El anuncio se produce apenas unos días antes de que el lehendakari Iñigo Urkullu tenga que comparecer en el Parlamento para responder a las preguntas de la oposición sobre la absorción de Euskaltel por parte del grupo MásMóvil. Los partidos PP, Unidas Podemos y EH Bildu no han dudado en criticar la inacción del Ejecutivo vasco, ante un proceso que se intuía ya desde hace algún tiempo cuando Kutxabank comenzó a desprenderse de sus acciones en la sociedad y ésta fue pasto de la entrada de fondos de inversión.
El gabinete ha adoptado hoy una decisión meramente burocrática y sin trascendencia real alguna, con la creación de una sociedad pública que será la encargada de gestionar este fondo de tomas de participaciones, que hasta ahora dependía del Instituto Vasco de Finanzas. Para poner la venda antes que la herida, el Gobierno ya ha aclarado que esta sociedad no tendrá personal propio y que será un mero instrumento jurídico. Todo apunta, además, a que el anuncio de la creación de 'Finkatze Kapitala Finkatuz SA', la sociedad llamada a ser depositaria de las acciones, es un movimiento táctico antes de la comparecencia del lehendakari y con el objetivo de intentar demostrar que el Gobierno está activo en esta materia.
El Gobierno ya entró en CAF -posee el 1,24% de las acciones- y en Kaiku -con el 7,31%- que son las dos únicas inversiones realizadas con el fondo Finkatuz. En ambos casos fueron movimientos que estaban ligados a desinversiones de Kutxabank y no fue necesaria la creación previa de una sociedad, lo que sirve como ejemplo de que la decisión de crear una sociedad, adoptada hoy, no era un movimiento imprescindible. Aunque en su momento el Ejecutivo dijo que estudiaba su entrada en el capital de Euskaltel jamás llegó a materializar la operación y recientemente la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha argumentado que «con un 5% de participación» el Gobierno apenas podía haber influido sobre el futuro de la empresa.
El gabinete sí ha matizado ahora algunas condiciones básicas de las empresas en las que puede estar interesado en participar, tras reiterar que no pueden ser sociedades en crisis. Esto es, el dinero público no puede servir en este caso para solventar problemas patrimoniales, sino para poner en manos de la Administración vasca una participación que, sin llegar al control, permita ejercer un grado suficiente de influencia. El objetivo último es condicionar el mantenimiento de la actividad de esas empresas en Euskadi y evitar el desplazamiento de los centros de decisión, que es una de las claves del desarrollo de cualquier compañía. Las empresas en las que se invertirá tienen que tener su sede social en el País Vasco o un centro de actividad en la comunidad autónoma. La facturación debe ser superior a 100 millones de euros y tener más de 50 empleados.
Entre los sectores de actividad se han definido la Aeronáutica -toda una manifestación de intenciones ante la futura venta de ITP-, alimentación, automoción, biociencias, siderurgia, electrónica e informática, transportes y movilidad, contenidos digitales, ecoindustria, energía y maquinaria. Perdida la esperanza sobre Euskaltel tras la OPA lanzada por MásMóvil y aceptada por Kutxabank, Corporación Alba y el fondo de inversión británico Zegona, el gobierno no ha incluido en el listado el sector de las telecomunicaciones.
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