El Gobierno quiere convencer al nuevo consejo de Indra para entrar en la vasca ITP

Desde mayo de 2021 el Gobierno está empeñado en tener un pie puesto en ITP Aero con el objetivo de garantizar un crecimiento de la industria de defensa en España y evitar los bandazos que empresas como ésta puede sufrir en manos de fondos de inversión. Un tipo de accionista que entra, exprime y sale en un plazo medio de cinco años. La decisión de Rolls Royce de poner en venta ITP fue el pistoletazo de salida y aunque el Gabinete de Pedro Sánchez intentó antes otras alternativas -que ese papel lo jugasen Sener o Aernnova-, se inclinó por forzar que Indra ejerciese el papel de accionista estable.

La decisión del Gobierno y las reticencias que ha encontrado en el seno de Indra a ese movimiento ha dejado un reguero de 'daños colaterales'. El presidente de Indra hasta mayo del pasado año, Fernando Abril-Martorell, fue obligado a abandonar el cargo; le sustituyó un hombre de confianza del Partido Socialista de Cataluña, Marc Murtra, y se desató una guerra interna que provocó la salida de siete consejeros -uno de ellos, Ignacio Martín, aún no lo ha hecho, pero lo hará antes de la junta-; la acción ha sufrido un duro castigo en Bolsa y un serio impacto en su reputación.

La junta de accionistas va a fijar el número de consejeros en 14. Siete de ellos -los seis que se van a elegir, más Francisco García Sanz, presidente de Tubacex y que permanece en el cargo-, serán independientes; dos son ejecutivos de la compañía y cinco más representan a accionistas. En ese contexto, el Gobierno necesita convencer al menos a varios independientes para que la inversión en ITP pueda ser considerada en el consejo, sea respaldada por una mayoría significativa del mismo y llegue a materializarse. Algunas fuentes aseguran que el Gobierno quiere que ese camino esté encauzado antes de que finalice el año.

El fondo Bain, que ahora controla el 92% de las acciones de ITP -el 8% restante está en manos de JB Capital- hizo pública su intención de guardar un 30% de acciones para un «consorcio nacional», aceptando así la sugerencia del Gobierno de que debe haber socios 'de confianza'. Tras la entrada de ITP quedaría libre un 22%, que es el que se repartirían Indra, el Gobierno vasco -quiere estar para influir en el arraigo de la empresa- y la empresa guipuzcoana Sapa, que también ha mostrado interés. Mientras tanto, el Gobierno vasco ha decidido esperar a que se clarifique la decisión de Indra -quiere negociar un pacto de accionistas- para entrar en el accionariado de la firma aeronáutica.