Dos firmas valoran el IMQ en 285 millones, cifra que se acerca a la reclamación del sector crítico

El resultado de esas valoraciones ha sido dado a conocer recientemente en una reunión de la Asociación de Médicos del IMQ por parte de su presidente y miembro del consejo de administración del 'holding', Iñigo Ucelay. Los trabajos a Deloitte y KPMG fueron encargados por el anterior equipo directivo, bajo la presidencia de Pedro Ensunza y con Miguel Ángel Lujua como director general, aunque su existencia y el contenido no se habían hecho públicos hasta ahora. Están realizados a finales de 2018 y finales de 2019 por lo que, señalan fuentes de la compañía, «requieren una actualización». Habrá un efecto positivo al acumular los resultados de 2019, que fueron muy buenos, y otro negativo por las estimaciones de 2020. «La resultante no será muy distinta» -aclaran- «porque 2020, siendo un año malo, no va a ser desastroso». Pese a todo, fuentes de la asociación que agrupa a los accionistas que reclaman una venta libre de sus acciones, bautizada como PAI, han señalado que esa cifra «es inferior a lo que se puede conseguir en realidad en el mercado».

Como ya es conocido, desde hace algo más de un año un grupo de accionistas de IMQ reclama la posibilidad de vender sus títulos a precio de mercado, frente al «valor razonable» que aplica cada año la compañía para quien quiere abandonar la sociedad. En la actualidad, y pese a la existencia de esas valoraciones independientes, el «valor razonable» está fijado en 99.000 euros por cada paquete de acciones, cifra que dista mucho de los 250.000 euros que estiman los mencionados informes. La polémica ha derivado en una crisis interna que ya costó el puesto al anterior director general, Miguel Ángel Lujua, a finales del pasado año y al presidente Pedro Ensunza cesado a principios de abril.

El consejo de administración del grupo IMQ quiere resolver los conflictos que aquejan a la compañía en una junta de accionistas, a la que se sometería a votación alguna opción que haya sido estudiada en detalle. La entrada de uno o varios accionistas potentes, con o sin mayoría sobre las acciones de los médicos, y la venta de activos del grupo para conseguir fondos con los que dar salida a los socios que quieren abandonar son, a grandes rasgos, las opciones que se han manejado hasta ahora. Incluso el IMQ ha reconocido la existencia de conversaciones con la Fundación BBK y también con la aseguradora Adeslas para darles entrada en su accionariado. Estas negociaciones, al parecer, están congeladas desde marzo pasado.

El consejo ha pedido a la firma PKF Attest que realice una evaluación de opciones para que sean los accionistas quienes decidan. Previamente, el IMQ ha encargado también una encuesta para conocer el 'mapa de intereses' de sus accionistas, dado que tan sólo 613 de los 1.140 socios siguen en activo como médicos. El resto están jubilados o incluso han fallecido y las acciones están en manos de sus herederos. El consejo sí ha pedido a la firma que haga el estudio ajustándose a varios condicionantes: la búsqueda de un precio para las acciones que sea cercano al precio teórico de mercado; garantías de que quienes deseen abandonar el grupo en el futuro lo podrán hacer en condiciones económicas similares; el mantenimiento del modelo asistencial del IMQ; la posibilidad de adquirir acciones como autocartera; garantía de mantenimiento del empleo y la protección del Montepío, entidad que gestiona el fondo de pensiones de los médicos. También ha puesto como condición que el grupo mantenga su participación en la clínica de Zorrozaurre.