La CNMC multa con 6,3 millones de euros al cártel de 22 consultoras

Este expediente tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la  Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras realizar una serie de  inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC, al superar los hechos  encontrados en su ámbito autonómico. Se trata de una de las primeras grandes decisiones tomadas en el organismo público desde que su actual presidenta, Cani Fernández, asumiera el cargo a mediados del año pasado.

A finales de 2018, la CNMC llevó a cabo inspecciones  en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de  contratos e intercambios de información. Unos meses después, en febrero de 2019, la  Comisión inició un expediente sancionador contra 25 de estas empresas y ocho de  sus directivos que, en agosto de 2019, amplió a 11 nuevas  empresas y dos de sus responsables, por su posible participación en la  manipulación y en el reparto de licitaciones públicas.

Como resultado de ese proceso, la CNMC ha acreditado que, entre los años 2008 y  2018, las firmas se organizaron en dos redes de colaboración (una 'norte' y otra de ámbito 'nacional') con las que las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer  servicios de consultoría solicitados por distintas Administraciones.

En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al  menos 101 licitaciones de, entre otros, los Ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del  Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la  Diputación Foral de Vizcaya. 

Por su parte, en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72  licitaciones convocadas, entre otros, por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de  Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la  Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de  Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña;el Gobierno de Canarias o el  Gobierno de las Islas Baleares.  

La CNMC sostiene que «las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los  directivos», en ocasiones antiguos compañeros de trabajo, facilitaron el  funcionamiento de estas redes. Entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración,  de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas  administraciones afectadas; bastaba con el envío de un correo electrónico por una  de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los  destinatarios. 

Generalmente, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la  administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia. Ambos cárteles aprovecharon este procedimiento para  servirse de las conocidas como «ofertas de cobertura».  

A través de las «ofertas de cobertura» una de las consultoras invitada a participar  en el concurso contactaba, de manera habitual, con otras empresas de su red de  colaboración, que sabía que también participarían; les solicitaba que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en  el proceso. En ocasiones, incluso la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de  renuncia a la invitación.

Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba  la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a mejorar  calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos  a los cárteles en los procesos de licitación. Estas conductas impactaron de lleno en  el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos.