Empleo y recaudación empañan la economía a la que se enfrenta el nuevo Gobierno vasco

Si estas señales son o no circunstancias pasajeras en el comportamiento del hasta ahora sólido cuadro económico vasco lo dirá el tiempo. Pero también perviven signos de fortaleza, como los afiliados a la Seguridad Social, que siguen rondando el millón, o el crecimiento del PIB, que aguanta con un 1,8% interanual en la primera mitad del año. La cifra es inferior al 2,5% del conjunto de España, pero mucho mejor que la situación plana que atraviesan países como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. El caso es que este es el terreno de juego donde el nuevo Gobierno vasco jugará el partido económico de la legislatura. Una contienda en la que deberá atender importantes retos que forman parte de la problemática estructural de Euskadi.

Con cerca de 160.000 empleos en el sector público, esta área ha incrementado en un 10% sus contrataciones en los últimos cinco años, mientras que el sector privado lo ha hecho solo un 1,7%. Es, junto al absentismo laboral, uno de los retos para que Euskadi pueda seguir incrementando su competitividad. Una tarea en la que el refuerzo de la industria sigue siendo estratégico porque es la principal responsable de que los salarios vascos sean más elevados y de que los contratos sean de mayor calidad.

En cuanto al absentismo, el Ejecutivo de Pradales quiere reducir su tasa del 10% en la mesa de diálogo social con empresas y sindicatos. Y respecto al empleo público, el Gobierno vasco debe seguir avanzando en el proceso de las OPE de consolidación, un mecanismo por el que se adjudicarán hasta 17.000 plazas en la función pública para acabar con una temporalidad que se sitúa en el 40%.

Para todo ello, la relación con el principal sindicato vasco, ELA, sigue dibujando altibajos. La central se reunió en julio con el lehendakari después de más de una década sin contactos, pero esta semana dio su primer plantón a Pradales al negarse a acudir a la reunión sobre un gran pacto sanitario por «la falta de credibilidad de la iniciativa». Y sigue pendiente la incorporación de ELA y LAB a los órganos de diálogo social del Ejecutivo vasco.

El arraigo se ha convertido en un mantra ante la marcha de importantes compañías de Euskadi o tras el traslado de sus centros de decisión al exterior. El propio Imanol Pradales ha cifrado en 3.000 millones la cantidad de la que debe disponer el fondo soberano que desea impulsar. Una herramienta para que el Gobierno tome participaciones en empresas estratégicas. Finkatuz, creada para tal efecto y con una disposición actualmente de 200 millones, solo se ha utilizado una vez para entrar en una empresa nueva: el 6% de ITP Aero. El recién creado clúster financiero vasco y los recursos de las fundaciones BBK, Vital y Kutxa podrían jugar un papel de determinante.

Encima de la mesa hay, además, dos grandes compañías en el foco. Talgo, que tiene en Álava su mayor fábrica con 700 trabajadores, y Siemens Gamesa. El fabricante de trenes, tras el veto a la compra por parte de Magyar Vagon, necesita ampliar su capacidad de fabricación. Y la multinacional eólica, con un millar de empleados en Euskadi, afronta un ERE de 4.300 trabajadores en todo el mundo y que afectará a 430 personas en España. Las negociaciones arrancan ahora entre la compañía germana y los sindicatos.

Hay presentados más de un centenar de proyectos de generación de energía renovable en el Gobierno vasco. Un aluvión de parques eólicos y fotovoltaicos que no terminan de concretarse elevando la dependencia eléctrica vasca del exterior (más del 70% de la luz que se consume en la comunidad autónoma viene de fuera). Para ordenar este debate hay un documento estratégico: el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Renovables. Su aprobación está todavía en tramitación y es fundamental porque asignará usos al suelo para ubicar los distintos proyectos estableciendo zonas de exclusión por su alto valor natural, paisajístico o agrícola.

Además, la legislatura arranca con la Ley de Cambio Climático recién aprobada y que apuesta por el desarrollo de la energía verde fijando una primera fecha: 2030. Para entonces, las renovables deberán ser el 30% de la generación energética y, además, el Gobierno deberá abandonar su participación en las empresas que exploten gas.

Tener un sistema que complemente las pensiones públicas a través de las EPSV es un viejo objetivo del Ejecutivo vasco que desea impulsar empujado, además, por la legislación del Estado. En Gipuzkoa llevan tiempo funcionando con Geroa, pero Bizkaia alumbrará su sistema este otoño y Álava lo está analizando. La generalización de este complemento a las pensiones requiere también del impulso de modificaciones fiscales y del acuerdo entre sindicatos y patronal.

El incremento de los precios del alquiler y una oferta de pisos que avanza por debajo de la demanda siguen dificultando el acceso a la vivienda en Euskadi. El nuevo departamento de Vivienda se ha fijado el objetivo de construir 7.000 pisos para alquiler con protección pública. Una cifra que exige elevar el ritmo de construcción de vivienda pública, actualmente en mil pisos al año.

Gestionar el descontento del campo tras la ola de protestas del pasado invierno seguirá siendo una prioridad. Además, el Gabinete Pradales deberá aterrizar el decreto de la Ley de Cadena Alimentaria para vigilar una correcta evolución de los precios entre el productor y el consumidor final. El aterrizaje de la política agraria de la UE, el coste de los combustibles y la situación de las bodegas de Rioja Alavesa son otras cuestiones en la agenda.