ELA y LAB advierten de que la propuesta del Gobierno vasco para el salario mínimo solo beneficia a 10.000 personas

ELA y LAB han realizado estas valoraciones después de la reunión con el vicelehendakari Mikel Torres, que les ha presentado el estudio que ya el martes expuso a la mesa de diálogo social (donde están CC OO y UGT pero no las centrales nacionalistas) y el miércoles a los medios de comunicación. Este informe pretende servir de base técnica para facilitar la negociación entre patronal y sindicatos sobre esta materia, que se encuentra bloqueda. Confebask se niega a debatir esta materia en una mesa ad hoc y de forma aislada a otros factores que afectan a la competividad como el absentismo.

ELA y LAB, por su parte, exigen que el salario mínimo que se pacte se aplique a todos los trabajadores, con convenio o sin él, y en ello basan buena parte de sus críticas al estudio del Gobierno vasco. Señalan que, según los cálculos del informe, hay 66.000 trabajadores a jornada completa que cobran menos de 1.315. Pero, según matizan, ni si quiera todos ellos se verían beneficiados por salario mínimo de convenio de hasta 1.385 euros porque «muchos están sujetos a convenios estatales, no actualizados desde hace muchos tiempo o no tienen convenio colectivo aplicable». De ahí que reduzcan la cifra de beneficiados a 10.000. «La propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora», han concluido.

Las dos centrales abertzales, que consensuaron una petición de 1.500 euros tras llegar a poner ELA el listón en los 1.795, tambián se quejan de la cuantía. «La horquilla plantea el tramo más bajo que recomiendan la Carta Social Europea o las directivas de la UE. Si se hubiese optado por el tramo más alto, el salario mínimo recogido en la propuesta debería ser entre 250 y 350 euros más alto».

ELA y LAB valoran de forma positiva que «el departamento dirigido por el PSE-EE plantee la necesidad de un salario mínimo propio, pero su propuesta no vale para sacar de la pobreza a los sectores más defavorecidos de la comunidad autónoma». Por eso insisten en la vía alternativa que han emprendido de impulsar, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un cambio normativo para que Euskadi pueda fijar su propio salario mínimo, una competencia que ahora corresponde en exclusiva al Estado.