El 29% de las empresas alavesas parará si perduran los efectos económicos de la guerra

Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del último observatorio de SEA-Empresas Alavesas que se ha dado a conocer este lunes tras la reunión que han celebrado el Comité Ejecutivo y la Junta Rectora de la patronal. Una sesión extraordinaria convocada para analizar los efectos económicos que el escenario postcovid y la invasión de Ucrania están provocando en el tejido empresarial del territorio. Tras el encuentro, ha emitido una declaración institucional en la que se radiografía la situación de las empresas de Álava en la actual coyuntura. Aunque sólo el 8% de las compañías que han respondido a una encuesta -realizada a más de 200 firmas de cinco sectores- mantiene relaciones comerciales directas o indirectas con Ucrania y/o Rusia, SEA Empresas Alavesas constata que el conflicto bélico está afectando al 94%.

La guerra, además de generar un problema directo a las compañías que tienen esos lazos económicos con uno o los dos países implicados en la guerra, ha causado también un «incremento absolutamente disparado y generalizado de todas las materias primas, el coste de energía eléctrica, gas y demás combustibles», recoge SEA en su declaración. Según los datos aportados por la patronal alavesa, los precios de la energía eléctrica se han multiplicado por tres o incluso por cuatro para el 64% de las factorías industriales; mientras que los del gas ya se han triplicado o cuadruplicado para el 60% de ellas. En este momento, tanto los gastos eléctricos como los del gas representan «un 17% de los costes de explotación de estas empresas», detalla.

El incremento de los costes se ha trasladado también a las materias primas: un problema que afecta al 92% de las empresas (95% en el caso de la industria), con subidas en este último mes por encima del 25% en el 57% de los casos (68% si hablamos del sector industrial). Además, el 65% de las firmas consultadas sufre la falta de suministros; un porcentaje que se eleva hasta el 71% en el ámbito industrial.

A este escenario de 'tormenta perfecta' hay que agregar otro factor que está jugando un papel protagonista en los últimos ocho días: los contratiempos para lograr suministros a causa de la huelga de transportes, que ponen en peligro la continuidad de la producción empresarial, en especial, en las factorías de carácter industrial. «La huelga impide el normal desarrollo de la actividad de recepción y expedición de mercancías», apostilla la patronal en su escrito. La preocupación reinante en el tejido industrial alavés se agrava porque prácticamente uno de cada tres encuestados reconoce que tendrá dificultades para devolver los préstamos que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o los gestionados por Elkargi facilitaron para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

Dada la «gravedad» de la situación, el Comité Ejecutivo y la Junta Rectora de SEA Empresas Alavesas reclaman un plan específico de ayudas para las firmas con relaciones comerciales directas con Ucrania y/o Rusia; al tiempo que piden apoyo institucional en la búsqueda de proveedores alternativos ante la ausencia de materias primas procedentes de la zona en conflicto. De igual modo, demandan una «reducción inmediata» de la fiscalidad aplicada a los carburantes, la energía eléctrica y el gas. Además, solicitan la modificación del sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico a fin de evitar que el precio del gas condicione el precio final de la electricidad.

SEA Empresas Alavesas solicita también a los trabajadores y a sus representantes -además de la máxima involucración posible en la defensa de la empresa como un «bien común»- que «aplacen hasta que la situación se estabilice los procesos de negociación colectiva abiertos en las empresas y sectores». De igual modo, reclama que se active el Sistema Red para el establecimiento de ERTEs por fuerza mayor en aquellas empresas obligadas a parar su actividad. Y demanda el establecimiento de nuevas líneas de financiación, así como el aumento de los plazos y carencias de los préstamos Covid tanto de ICO como de Elkargi.

Entre las medidas solicitadas por la patronal, destaca la revisión del sistema de fijación de precios de las obras, contratos públicos y de todos aquellos determinados oficialmente por las administraciones. También se pide flexibilidad en el pago de todo tipo de impuestos (aplazamientos y fraccionamientos).