La economía vasca afronta el otoño lastrada por los aranceles y la crisis de sus socios europeos

Al menos esta falta de dinamismo está siendo compensada por la fortaleza de unos servicios impulsados por el consumo, sostenido a su vez por un empleo en máximos históricos y unos salarios al alza. Esta es la clave de que el PIB creciera un 2,2% en el segundo trimestre y que se mantenga la previsión del 2,1% para el conjunto del año. Pero el Gobierno vasco busca relanzar la industria y ha puesto este objetivo en el centro de su agenda.

Entre sus primeras tareas para este septiembre figura la de reforzar las ayudas a los sectores más afectados por los aranceles. En abril se desplegó un plan de 2.000 millones de euros, cuyo pilar son los 450 millones de avales gestionados a través de Elkargi y dirigidos a pymes, pero que han tenido una limitada respuesta.

En su intervención de apertura de curso, este pasado jueves, el lehendakari, Imanol Pradales, cuantificó el impacto de los aranceles recogidos en el acuerdo de EE UU y la UE entre tres y cuatro décimas del PIB vasco. No dudó en calificar de «dislate» la política comercial de Trump, a la vez que lamentó «la sensación de permanente improvisación».

El pacto ha recibido duras críticas en numerosos países y ámbitos al interpretarse como una cesión de la UE a las amenazas de Trump. Si ya las líneas generales conocidas en julio causaron inquietud, la letra pequeña recogida en el texto del 21 de agosto aumentó el malestar. Se supo, por ejemplo, que la rebaja del arancel del 27,5% al 15% estaba condicionada a que la UE retirase gravámenes a EE UU, algo que Bruselas trata de hacer ahora a toda velocidad.

«Cuesta ver lo ventajoso del acuerdo para la UE, parece más una cesión a EE UU», señala el director del departamento de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga. Advierte de su impacto en sectores como la automoción, la siderurgia –ya presionada por la sobrecapacidad mundial– y la máquina-herramienta. «Y lo peor es la incertidumbre porque no está claro que Trump lo vaya a respetar», añade.

En un análisis más optimista, Massimo Cermelli, profesor de Economía en Deusto Business School, considera que el acuerdo es un «mal menor» y que supone un cierto alivio para el sector del automóvil si finalmente el arancel se rebaja en este ámbito al 15% general.

El caso es que los aranceles y la debilidad de los socios europeos ya se nota en las exportaciones, que cayeron un 0,7% en el primer semestre hasta los 15.717 millones. Y eso que el buen comportamiento de Mercedes Vitoria, respecto al bajón del año anterior, esta amortiguando el golpe que sí se nota en los componentes de automoción, los neumáticos o el acero.

Para Euskadi es clave la situación de Alemania, su principal socio comercial, y la economía germana ha dado una sorpresa muy negativa este verano al conocerse que su PIB cayó un 0,3% en el segundo trimestre respecto al primero. «El dato ha sido malo, pero influye el impulso que hubo entre enero y marzo por el adelanto de ventas ante los aranceles. Los indicadores muestran una mejora para el otoño», afirma Madariaga que, no obstante, recuerda la crisis estructural que atraviesa la primera economía del euro por la pérdida del suministro energético barato de Rusia y por la competencia china en la automoción. En cuanto a Francia, su crisis institucional y sus problemas para embridar las cuentas públicas no anticipan nada bueno.

En este difícil contexto el Gobierno vasco tiene otra importante tarea este septiembre y es la presentación del plan con el que se pretende transformar la industria vasca y afianzar su anclaje en Euskadi mediante inversiones público-privadas. Es una labor que corresponde al consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, y tiene por objeto diseñar las fórmulas de financiación para las propuestas recogidas en el plan industrial del consejero del área, Mikel Jauregi, un programa que aspira a movilizar 16.000 millones de euros en proyectos de ámbitos como la descarbonización, las redes eléctricas o la ciberseguridad.

La idea es repetir el esquema para la toma de control de Talgo, en la que han unido fuerzas el empresario José Antonio Jainaga, el Gobierno vasco y el español, así como las fundaciones bancarias. Este es el espíritu con el que se creó la denominada Alianza Financiera Vasca, que suma a diferentes agentes vascos y cuenta con 1.200 millones de aportación pública a través del Instituto Vasco de Finanzas. Con esta potencia de fuego se busca atraer y mantener los centros de decisión en Euskadi tras la fuga registrada en los últimos años. «Toca pasar de las musas al teatro y acertar con las inversiones en las que se coloca esa financiación público-privada para seguir engordando el músculo financiero vasco. Si se falla en la elección y se pierde el dinero sería como haber realizado una subvención a fondo perdido», advierte Guillermo Dorronsoro, profesor de Deusto Business School.