Dos de cada tres empleadas internas dedican más de 60 horas semanales a su trabajo

En la presentación de las estadísticas elaboradas ATH ha sido muy clara en sus demandas. «Simplemente queremos que se cumplan los derechos recogidos en las leyes», ha subrayado una de sus portavoces, Isabel Otxoa, quien ha denunciado que ésa no parece ser actualmente la postura del Gobierno vasco. Según la respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por EH Bildu, y que fue respondida este miércoles 6 de febrero, «son los empleadores los que tienen la obligación de implementar un sistema de control horario fehaciente, objetivo y no manipulable».

«Si esto no viene acompañado de medidas, si no me asesoran a la hora de tomarlas, si no me obligan a aplicarlas, si no me controlan el cumplimiento de las normas… ¿para qué voy a cumplirlas?», ha condenado otra de las representantes de la asociación, Lorea Ureta, quien también ha aprovechado para denunciar el «maltrato» que sufre el colectivo por parte del SEPE cuando estas trabajadoras intentan gestionar sus despidos, así como una lentitud de los juzgados a la hora de reclamar la cotización del tiempo trabajado previo al 1 de octubre de 2022, cuando ya se reconoció su derecho. En los casos más graves, han alertado, las esperas se pueden alargar hasta los dos años.

Más allá de sus reivindicaciones, la denuncia de la asociación ha pasado por ofrecer una imagen de cómo es el trabajo real de las trabajadoras de domicilio, centrado en la situación de las internas. La realidad es que sus jornadas semanales llegan a alargarse en los casos más extremos por encima de las 90 horas de atención -ocurre en un 6,25% y la cifra se eleva hasta el 15% cuando se trata de personas en situación irregular-, y lo hacen sin contar el tiempo de acompañamiento nocturno, que a menudo las obliga a levantarse dos o hasta tres veces por la noche para atender a los mayores de los que cuidan, con un desgaste para la salud de las propias empleadas.

ATH ha llamado la atención sobre las jornadas, pero también sobre los salarios. Más de cuatro de cada diez trabajadoras internas que han acudido a su servicio de asesoramiento no llegaron el pasado año al salario mínimo interprofesional (SMI) -de nuevo el dato se dispara en el caso de las trabajadoras en situación irregular, donde sólo un 28,8% recibieron en sueldo neto prorrateado que superara los 1.238 euros mensuales-, aunque Ureta ha destacado que hay una importante cantidad de contratos que se firmaron hace años por el SMI que entonces era vigente, pero que no se han venido actualizando de cara a las últimas subidas.

No es la única situación sangrante. La asociación de trabajadoras del hogar ha incidido además en las dificultades que atraviesa el colectivo de mujeres llegadas de países no comunitarios -más del 62% de las trabajadoras internas, sin contar a otras 35,7% que tienen ya la doble nacionalidad- a las que sus empleadores niegan la posibilidad de empadronarse en el domicilio en el que trabajan y residen, lo que les impide regularizar su situación. De esta práctica se beneficia una economía sumergida que facilita el empadronamiento en una vivienda de Euskadi por la que pagan «como poco 175 euros mensuales», han criticado.

«Lo más barato es una inmigrante ilegal -priman las llegadas desde Paraguay, Colombia y Nicaragua, por ese orden- a quienes les preocupa que las deporten cuando eso no va a ocurrir porque son una mano de obra imprescindible», se ha dolido Otxoa, quien ha recordado que los precios que cobran estas trabajadoras distan mucho de los 3.300 euros que pagan las diputaciones para obtener una plaza en una residencia, o los 2.900 que se les cobra de media a las familias que disponen de ahorros.