UGT denuncia que hay 370.000 trabajadores vascos sin convenio colectivo

Arza ha atacado esta táctica. En lo que va de año solo se han suscrito 60 convenios de este tipo -cubriendo a 7.500 trabajadores-. Gipuzkoa, con preeminencia de los sindicatos abertzales, acapara dos de cada tres convenios decaídos. La negociación por empresas «margina», aduce, a los más de 300.000 trabajadores que no pueden optar a cobertura ni elecciones sindicales. Fruto a su vez de la insuficiente negociación, más de 155.000 trabajadores están amparados por convenios estatales.

Uno de los argumentos que precisamente usa la central de ámbito estatal para arremeter contra la reforma laboral de 2012 es la prioridad del convenio de empresa frente al sectorial. En Euskadi, solo hay 113.000 empleados adscritos a un convenio del primer tipo -el 22%-.

Arza ha reiterado los tres aspectos capitales que abordaría la negociación: la merma de la brecha salarial y la alta rotación, que asocia a la siniestralidad laboral, triste protagonista en las última semanas. El líder ugetista pide que se dé la correspondiente dimensión social a una lacra que el pasado año segó la vida de 650 trabajadores.

La tercera reivindicación es la lucha contra la precariedad. Aquí ha recordado que el aumento de contratos indefinidos en Euskadi no se traduce en una menor temporalidad -«la mitad no duran más de tres años»-. El tejido público vasco, ha denunciado, no se libra de esta coyuntura, «pese a los llamamientos del Gobierno contra la temporalidad».

También ha intervenido el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, de paso por Bilbao para participar en unas jornadas internas sobre negociación colectiva. Su objetivo: «transmitir la realidad» de las conversaciones con el Gobierno. Frente a las advertencias de sus socios socialistas de que no habrá derogación de la reforma de 2012, y sí un nuevo Estatuto de los Trabajadores, ha recalcado que la abolición del cambio normativo auspiciado hace siete años por el PP es innegociable. Supondría, ha esgrimido, el «fin de la barra libre» para los empresarios.

Pino ha descrito la postura ugetista en varios apartados como el obligado cumplimiento del flamante registro horario, la persecución de los accidentes laborales con el Código Penal o la adecuación de las plataformas digitales a las fórmulas que les ofrece la ley, frente a la normativa 'ad hoc' que sugieren.

Otro aspecto abordado por los representantes sindicales ha sido la aplicación del salario mínimo de 900 euros. El secretario de Política Sindical ha avisado de que forzarán que al empresas lo abonen de forma retroactiva a su entrada en vigor, el 1 de enero. UGT-Euskadi ha presentado un informe en esta línea para fomentar sueldos de al menos 1.000 euros, y ha concluido que 74 de los 126 convenios sectoriales vascos tienen categorías por debajo de esta suma. Arza ha advertido de las «triquiñuelas» de ciertas empresas para, «sumando complementos como antigüedad», alcanzar «fraudulentamente» esta cifra.