Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación

Vicinay Marine, líder mundial en el negocio de las cadenas de amarres tanto para el sector naval como para la industria petrolera y la eólica marina flotante, lleva años arrastrando dificultades. Sufrió con la pandemia, después con la guerra en Ucrania, cuando se dispararon los costes de la energía y del acero; y el pasado ejercicio las pérdidas crecieron hasta superar los 18 millones de euros, según las cuentas de 2024. Se le ha juntado que el negocio de 'oil & gas' ha estado parado -solo ahora empieza a remontar- y que la eólica marina flotante -aerogeneradores anclados al lecho marino con cadenas- no termina de eclosionar.

Asfixiada por una deuda de 140 millones de euros, el 30 de julio se declaró en preconcurso según adelantó EL CORREO. Sus dificultades habían llegado al punto de que debe dos meses de salario –julio y agosto– a sus trabajadores, que suman 200 solo en sus plantas de Sestao y Galdames y que ahora están en un ERTE al 100%. Al acogerse a esta figura concursal buscaba protección para poder negociar con sus acreedores una quita, a la vez que buscaba un inversor que la refuerce para evitar la liquidación y reactivarse.

En este contexto se iniciaron las conversaciones con el empresario Dámaso Quintana, que han cristalizado en una oferta que ayer se presentó al consejo de administración de Vicinay. La propuesta consiste en la citada inyección de 60 millones a través de una ampliación de capital por parte de la firma cordobesa Cunext, con lo que se reforzarían los recursos propios para abordar el futuro.

Pero esta oferta solo prosperará si los acreedores ponen de su parte y aceptan una reestruturación de la deuda. La pata más importante en este sentido es el 'pool' de bancos, a los que Vicinay debe 100 millones de euros. Entre ellos figuran Santander, Kutxabank, Abanca, Caixabank, Sabadell, BBVA, Caja Rural de Navarra y Bankinter. A todos ellos se les ha planteado una quita importante y solo si la mayoría lo acepta en cada categoría de deuda el plan saldrá adelante.

Otro acreedor importante es la SEPI, dependiente del Gobierno central, que en 2022 aprobó un préstamo participativo de 32 millones de euros con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el mismo con el que se inyectó 113 millones a Tubos Reunidos. Al organismo se la he pedido el aplazamiento del pago y una rebaja de los tipos de interés a cambio de convertir el préstamo participativo en ordinario.

Por último está el Gobierno vasco, con siete millones de euros a través del Instituto Vasco de Finanzas y el fondo Ezten. En este caso se contempla que cuatro millones entren en la reestructuración y tres se conviertan en capital a través de acciones.

Si todas las piezas encajan y se llega a un acuerdo, se salvará una empresa histórica que cuenta con más de 400 trabajadores. Fuentes cercanas a la compañía aseguran que hay oportunidades para remontar porque el segmento de 'oil & gas' se ha reactivado y se espera que por fin la eólica marina flotante despegue en 2026 con dos protectos industriales en Corea del Sur y Reino Unido.