Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso

El grupo, que tiene una planta en Sestao y otra en Galdames, lleva años arrastrando dificultades. Sufrió con la pandemia; después con la guerra en Ucrania, cuando se dispararon los costes de la energía y el acero; y el pasado ejercicio las pérdidas crecieron hasta superar los 18 millones, según las cuentas de 2024 depositadas en el Registro Mercantil. Se le ha juntado que el negocio de 'oil & gas' ha estado parado y que la eólica marina flotante -aerogeneradores anclados al lecho marino con cadenas- no termina de eclosionar.

Las dificultades de la empresa han llegado al punto de que debe dos meses de salario -julio y agosto- a sus trabajadores, que suman un total de 200 en Bizkaia, según ha denunciando el sindicato LAB. En septiembre metió a toda la plantilla en un ERTE al 100%, «sin fecha de finalización y con la posibilidad de prolongarse en el tiempo».

En estas circunstancias la histórica compañía ha estado negociando con sus bancos acreedores una reestructuración de la deuda y ha decidido acogerse a la figura del preconcurso para protegerse en este tiempo. A la vez ha tratado de incorporar nuevo capital que le refuerce de cara a estas negociaciones y también para afrontar el futuro, que considera prometedor. Fuentes cercanas a la compañía aseguran que este año el segmento de 'oil&gas' se ha reactivado y que tienen dos proyectos muy relevantes de eólica marina flotante en Corea del Sur y Reino Unido, un ámbito con perspectivas de fuerte crecimiento.

En el marco de este proceso se han iniciado las conversaciones con el empresario Dámaso Quintana, que entraría en la operación a través de su empresa cordobesa Cunext, dedicada a la transformación de aluminio y cobre. Quintana, sobrino del famosos empresario José María Aristrain, ha tenido un gran protagonismo en el tejido productivo vasco en los últimos años: además de tomar una participación en Arteche en 2017, fue uno de los fundadores y es el actual presidente de Haizea Wind, el fabricante de torres eólicas marinas del Puerto de Bilbao, una actividad que engarza muy bien con la de Vicinay.

La operación, que todavía está abierta, implica la renegociación de cerca de 100 millones con el 'pool' de bancos. Entre los acreedores también figuran instituciones públicas, con las que la compañía también está hablando.

Por un lado, el Gobierno central, a través de la SEPI, que en 2022 aprobó un préstamo participativo de 32 millones para la compañía con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el mismo con el que se inyectó 113 millones a Tubos Reunidos. Con este organismo. adscrito al Ministerio de Hacienda, se está negociando un alargamiento de los plazos de pago y un recorte de los tipos de interés.

Por otro lado está el Gobierno vasco, que a través del Instituto Vasco de Finanzas y el fondo Ezten cuenta con un préstamo participativo de cerca de siete millones de euros. En ese caso sí se contempla la posibilidad de que se cambie una parte de esa financiación por acciones.

De salir adelante la operación de rescate, se salvaría una compañía que fue fundada en 1929 en Bilbao y que da empleo a más de 400 trabajadores en todo el mundo, de los que la mitad se encuentran en Bizkaia.