El Covid pone en evidencia las carencias digitales de la Administración vasca

«Esta comunidad autónoma tiene un retraso. Es prácticamente la última en la adaptación de la Administración de Justicia a los medios tecnológicos», aseguró recientemente en una comparecencia parlamentaria la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán. La pandemia ha generado un auténtico colapso de procedimientos en los juzgados. En gran parte porque ni jueces, ni fiscales, ni los funcionarios tienen ordenadores portátiles. Trabajar desde casa ha sido, materialmente, imposible.

La viceconsejera de Justicia del Ejecutivo vasco, Ana Aguirre, admite que la infraestructura no es la óptima, pero rechaza la imagen que trasladan fiscales y magistrados. «No somos los últimos de la fila -apunta- aunque es verdad que en los últimos años se había producido un parón en las inversiones que va a comenzar a corregirse ya desde 2021, con un aumento significativo en las dotaciones presupuestarias». En concreto, en las próximas semanas se repartirán 650 ordenadores portátiles y ya ha comenzado un plan piloto para desarrollar el trabajo telemático, con firmas digitales, para jueces y fiscales.

«Todo se traduce a papel, los juzgados tienen montañas de papel en estos momentos», asegura el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que denuncia que la Justicia ha sido «el hermano pobre» de la Administración vasca en lo que hace referencia a su digitalización. Sin ir más lejos, las líneas de teléfono de la totalidad de las sedes judiciales aún son analógicas. En términos de telecomunicaciones no es que esté cercano a la txalaparta como instrumento de mensajería, pero es una tecnología obsoleta hace ya bastantes años. Más aún en una comunidad autónoma que presume de kilómetros de fibra óptica. «No vamos a poder cambiar todo esto de un día para otro -admite Ana Aguirre-, pero estamos en ello y es nuestro compromiso».

No todo es negativo. Es lo de los tuertos en medio de la ceguera que aqueja a los poderes públicos en España en materia de agilidad para adaptarse a la evolución de la sociedad. «La Administración vasca ha demostrado que estaba mejor preparada para una situación excepcional de lo que podíamos pensar», asegura Antonio Díaz, responsable del área de administraciones públicas de Ibermática. «Pasar de lo presencial a lo digital ya no es una rareza, sino que va a ser lo normal. Ya lo habían abordado de forma decidida sectores como la banca, pero ahora se va a impulsar también en la Administración. Entre otras cosas porque es una demanda de los ciudadanos», asegura.

Hay una evidencia en la que coincide cualquier observador. Para los poderes públicos, cualquier adaptación está trufada de problemas burocráticos, garantías y limitaciones. Para una empresa privada, adquirir varios cientos de ordenadores portátiles -en plena declaración del estado de alarma- puede costar apenas unos minutos. Basta la decisión del máximo ejecutivo y una llamada de teléfono al proveedor habitual. En la Administración, aunque haya voluntad de hacerlo, hay que encontrar una partida presupuestaria en la que encaje, abrir un concurso público o tramitar un expediente de urgencia tortuoso. La operación puede demorarse meses. Y lo cierto es que las aplicaciones informáticas de los servicios públicos no siempre han estado diseñadas para ser manejadas desde el 'exterior'. Más bien todo lo contrario. Una VPN, una fórmula de conexión telemática que permite replicar la utilización de los ordenadores a distancia como si se estuviese en la oficina, algo común ya en las empresas de tamaño medio y grande, es un 'bicho raro' en el ámbito de lo público.

«No estamos mal pero tenemos zonas grises», admite Javier Bikandi, director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, quien coincide con la idea de que la digitalización es «algo que reclaman los ciudadanos». Su visión es optimista porque cree que la apuesta por el desarrollo de aplicaciones para una relación digital con los ciudadanos «es una apuesta del Gobierno desde hace bastantes años, y nos sitúa en estos momentos en un punto de ventaja para dar el empujón que se necesita».

La pandemia y las dificultades para relacionarse de forma presencial han disparado la relación electrónica entre Administración y administrados en Euskadi. «Las cosas se han acelerado el equivalente a una evolución de 10 años», asegura Antonio Díaz, responsable del sector público en la empresa informática Ibermática. Las cifras reflejan algo parecido a una explosión. En 2020 se efectuaron en el País Vasco 5,5 millones de operaciones con firma electrónica, frente a 1,3 millones de 2019; el número de usuarios del servicio 'Mi Carpeta' de la Administración vasca, el buzón unificado en el que por ejemplo los ciudadanos pueden recibir las multas de tráfico, gestionó 1,2 millones de notificaciones, un 70% más que el ejercicio anterior y se tramitaron 383.000 expedientes telemáticos, un 40% más. Lo digital se ha impuesto.