Los cortes de luz por impago, en mínimos desde la crisis

Factura de la luz /R. C.
Factura de la luz / R. C.

El año pasado se contabilizaron 162.000 intervenciones, ajenas a familias vulnerables, frente al millón que había hace ocho años

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El drama de los cortes de luz provocados por el impago ante las durezas económicas por las que han atravesado muchas familias en la crisis vivió un punto de inflexión a finales de 2016. Fue entonces cuando el fallecimiento de una anciana de Reus (Tarragona), tras incendiarse su vivienda al tener que usar velas por no contar con suministro, puso sobre la mesa el debate sobre la necesidad de regular las intervenciones de las compañías ante este tipo de casos extremos. El Gobierno activó una regulación, que se ha ido actualizando posteriormente, con la que se ha intentado evitar situaciones tan vulnerables. Las estadísticas muestran un cambio de tendencia con respecto a los peores momentos de la recesión y de los impagos.

El año pasado las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) acometieron 162.051 cortes por ese motivo. La cifra es un 75% inferior la de cuatro años antes, cuando esas intervenciones rozaron las 629.000 entre las tres compañías, según los datos de sus memorias anuales remitidas a la CNMV. Si se excluyen los datos de la antigua Gas Natural Fenosa -solo disponibles desde 2014-, la caída de los cortes ha sido aún mayor con respecto a 2012, el peor año de la crisis. Entonces, entre Endesa e Iberdrola intervinieron en 1,1 millones de hogares que no abonaban el recibo.

El año pasado, entre ambas no llegaron a 139.000 casos, prácticamente un 90% menos. Además, la mayor parte de esas intervenciones se solventan antes de las 24 o 48 horas del corte. Y, en una amplia proporción, no corresponden a familias con problemas económicos, sino a otro tipo de casos, según indican en el sector.

Este cambio de tendencia en uno de los problemas que más debates sociales y políticos han generado en los últimos años se ha debido a la confluencia de varios factores. Por una parte, a la mejoría que ha experimentado la economía: a más empleo, menos dificultades en los bolsillos y más disponibilidad para hacer frente a los gastos que se consideran un bien básico, como la luz.

El caso de la octagenaria fallecida en Reus también impulsó los mecanismos administrativos para modificar la legislación y evitar, por norma, los cortes de luz por impago entre las familias desfavorecidas. Un decreto ley de 2017 prohibía la suspensión del suministro a familias vulnerables que cuenten con ayuda de la comunidad autónoma o el ayuntamiento, cuando cuenten con al menos un menor de 16 años, un familiar tenga una dependencia en grado II o III, o discapacidad superior al 33%.

Con el nuevo bono social -están acogidos más de un millón de hogares-, el descuento en la parte del consumo del recibo asciende hasta el 40%, según el caso. Además, el Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en marcha el bono térmico, un cheque anual para los beneficiarios del social, con cuantía de hasta 124 euros.

Convenios de las empresas

También las grandes compañías comenzaron hace varios años a desarrollar planes para mitigar los efectos de los cortes de luz. En el caso de Iberdrola, los convenios firmados con distintas administraciones «protegen al 100% de los clientes residenciales que podrían estar en situación de vulnerabilidad». Naturgy, por su parte, afirma que su política contra la pobreza energética cubre a sus clientes vulnerables, basándose en convenios con los servicios sociales públicos. Endesa trabaja de cerca con administraciones locales y autonómicas y entidades del tercer sector desde el año 2014 para que ningún cliente en situación de vulnerabilidad se vea privado de suministro.