El consejo de Iberdrola descarta irregularidades en los contratos con Villarejo
La comisión de auditoría que preside Xabier Sagredo exigió revisar la relación profesional que el excomisario ha mantenido con la compañía eléctrica
El consejo de administración de Iberdrola ha llevado a cabo un análisis de los encargos realizados por la compañía eléctrica al excomisario José Manuel Villarejo, ... para concluir que no hay aparentemente actuaciones irregulares y que todos los contratos estaban justificados y dentro de la legalidad. Este viernes trascendió que la comisión de auditoría exigió antes del verano una revisión de todos estos contratos -al parecer la segunda que se realizaba sobre el mismo asunto-, ante los rumores que se habían extendido en los últimos meses sobre los lazos del controvertido expolicía con un buen número de grandes compañías españolas.
Como ya es conocido, la Audiencia Nacional investiga en la actualidad varias actuaciones presuntamente delictivas del excomisario. Entre ellas, un sofisticado trabajo de espionaje realizado para BBVA que implicó escuchas telefónicas y seguimientos a miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero, empresarios, periodistas y altos cargos de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Según ha podido conocer EL CORREO, el primer trabajo de «revisión interna» sobre este asunto en Iberdrola se realizó a finales de 2018, después de que trascendiesen algunas de las actividades de Villarejo. En ese mismo momento ya comenzaron a circular informaciones que ligaban a Iberdrola con Cenyt, una de las sociedades que el expolicía utilizaba para prestar servicios a empresas. En esta ocasión, apuntan las mismas fuentes, se ha tratado de un trabajo de comprobación con más formalidades, impulsado desde el consejo de administración. El propio Villarejo, en un comunicado emitido a finales del pasado mes de agosto y en el que protestaba por la apertura de nuevas causas judiciales para investigar sus actividades, alardeaba de haber trabajado para «empresas del Ibex 35», principalmente en el extranjero. Esta mención se interpretó como la amenaza para apuntar que está dispuesto a 'tirar de la manta' si se complica aún más su situación procesal.
Comisión de auditoría
Al parecer fue el presidente de la comisión de auditoría de Iberdrola, Xabier Sagredo, quien reclamó tener acceso a los contratos entre ambas parte y a una valoración en torno a la justificación de los mismos. Sagredo es presidente de la fundación bancaria BBK, pero es miembro del consejo de administración de Iberdrola desde abril de 2016 en calidad de «independiente». Aunque Iberdrola nunca ha desvelado de forma oficial el detalle de los encargos realizados a Villarejo y sus objetivos, todo apunta a que esta última revisión no ha puesto de manifiesto aspectos irregulares.
Esta actuación, apuntan algunas fuentes, hay que enmarcarla en el revuelo que el 'caso BBVA' está creando en torno al gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en Bolsa. Desde algunos sectores se ha criticado la aparente inacción de la cúpula del banco, en concreto de su consejo de administración, ante los indicios de que podían haberse producido contrataciones irregulares, con importes muy relevantes. En el caso de la entidad financiera los pagos ascendieron a unos 10 millones de euros en un periodo de 14 años.
Según ha trascendido, las relaciones entre Villarejo e Iberdrola datan al menos del año 2004, aunque la compañía siempre ha argumentado que las tareas encargadas a Cenyt estaban ligadas a asesoramientos en materia de seguridad, así como a trabajos de investigaciones patrimoniales. El caso concreto que ha trascendido está relacionado con el empresario suizo Christoph Beat, con quien Iberdrola había proyectado importantes inversiones en parques eólicos en Rumania, pero que resultaron fallidos. La eléctrica vasca reclamó a una sociedad de Beat el pago de 11,8 millones de euros -la deuda fue reconocida en un arbitraje-, pero la misma se declaró insolvente. Al parecer, y según consta en algunos documentos que se han filtrado, Iberdrola encargó a Villarejo un trabajo de investigación para conocer los bienes ocultos de este empresario, con el objeto de cobrar su deuda. La eléctrica siempre ha defendido que el objeto de los contratos era legal, al tiempo que la sociedad que recibía el encargo, Cenyt, estaba autorizada por el Gobierno español para realizar este tipo de investigaciones.
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