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La derogación del decreto ómnibus que incluía, entre otras muchas medidas, la revalorización de las pensiones, ha generado un importante caos entre las empresas, que no saben a qué atenerse para elaborar las nóminas de enero, dado que el texto también fijaba la subida de ... la base máxima de cotización en un 4%, el alza del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para todos los trabajadores y la introducción de la denominada cuota de solidaridad, una nueva carga social para los sueldos más altos. Es también un grave problema para el Gobierno, que contaba con estos ingresos para fortalecer el sistema de las pensiones.
«No hemos recibido ninguna instrucción de la Seguridad Social sobre cómo debemos proceder. Ya hemos elaborado las nóminas de enero de acuerdo con lo que estaba previsto porque los programas informáticos lo tenían así incorporado», apunta Beatriz González, de la asesoría Eurotax Abogados. Las consultas se han disparado.
Entre las medidas que han decaído figura, en primer lugar, un incremento de la base máxima de cotización del 4%, hasta los 4.909 euros al mes. Se estima que en Euskadi hay cerca de 100.000 trabajadores en este rango, muchos de ellos del sector público.
En segundo lugar, la subida del Mecanismo de Equidad Interprofesional desde el 0,7% al 0,8% de la base de cotización, que se aplica a todos los trabajadores. Y, finalmente, la incorporación de la cuota de solidaridad para los sueldos más altos, un gravamen que entra en vigor este 2025 y se aplica a la parte del salario que excede la base máxima.
Ya el miércoles a la tarde, cuando decayó el decreto tras el rechazo de Junts y el PP, las alarmas se encendieron en los departamentos de recursos humanos y las asesorías, pero se dio por hecho que casi de inmediato se aprobaría un nuevo texto con la revalorización de las pensiones, las cotizaciones o las rebajas al transporte. Sin embargo, la inquietud aumentó ayer ante la postura del Gobierno de retrasar cualquier decisión para evidenciar el daño causado por los populares y posconvergentes.
Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social se limitaron a aclarar el mismo miércoles que la subida del 2,8% para las pensiones está asegurada para enero porque el decreto había estado vigente hasta ahora, pero dejó entrever que podría no mantenerse en febrero. Nada más.
La incertidumbre, por tanto, es total. Las empresas se inclinan por seguir adelante con los cambios ya previstos porque el programa informático así lo recoge, pero aguardan aclaraciones de la Seguridad Social. Empresas de 'software' de nóminas como SAP han planteado consultas al respecto. Consideran que para aplicar la subida del MEI o la cuota de solidaridad podría valer la legislación previa que los establece, pero no ocurre lo mismo con la subida de la base máxima de cotización.
En medio de este caos, el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz se adelantó ayer a aprobar «un criterio interpretativo» para blindar la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional -fijado en 1.134 euros en 2024- mientras se negocia el de 2025. En este documento se establece que «la desaparición abrupta de la prórroga no afecta a los salarios vigentes, por entender que se trata de un salario ya contractualizado» y lo mismo se aplica a las nuevas contrataciones.
Otro sector que ha entrado en pánico es el de automoción porque el decreto ómnibus también llevaba la prórroga hasta el 30 de junio del plan de ayudas para la compra de coches eléctricos, el Moves III, en un momento delicado por el retroceso en las matriculaciones de esta modalidad. Mientras tanto, CC OO y UGT anunciaron movilizaciones para el 2 de febrero contra la derogación del decreto.
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