Bruselas sigue de cerca a España para que cumpla sus compromisos antes de fin de año
El pacto para recibir los multimillonarios fondos incorpora un seguimiento pormenorizado de los pasos del Gobierno
El gran paquete de ayudas europeas deja en manos de los gobiernos la gestión de al menos el 80% del grueso de la financiación. Esto ha obligado a Bruselas a establecer férreos mecanismos de seguimiento y control con funcionarios asignados directamente a cada país. Técnicos que verifican el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos y que recuerdan a aquellos 'hombres de negro' de la pasada crisis financiera, aunque sin su misma carga estigmatizante. Porque estarán en todos los países de la UE.
La cuestión es que el trabajo de sus altos funcionarios (el pasado octubre viajaron a Madrid dos de ellos) tiene que seguir cada paso que España dé sobre los 416 hitos y objetivos, la mayoría de los cuales se relacionan con el período 2021-2023, que el Gobierno tiene que cumplir para recibir los casi 70.000 millones de euros de ayudas directas que ha solicitado en distintos tramos.
El llamado 'acuerdo operativo' (un extenso documento de 343 folios), suscrito entre Madrid y Bruselas, no solo permite liberar los 10.000 millones del primer tramo por logros conseguidos, que se sumarán a los 9.036 millones ya ingresados en forma de anticipo. Establece de forma pormenorizada también el protocolo que se seguirá para fiscalizar los compromisos de más largo alcance. Y cómo tiene que ser la interlocución entre el Gobierno y la Comisión Europea.
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Trimestrales y 'ad hoc'
Reuniones sin límite
La Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Finanzas y Administración Pública pilotará todo el trabajo. Su coordinador estará obligado a celebrar «intercambios trimestrales» con los funcionarios comunitarios. «Pueden tener lugar en persona en España o en Bruselas», se precisa, pero también por videoconferencia o mediante intercambio de escritos.
Habrá siempre un punto permanente en el orden del día: el calendario de las solicitudes de pago (ocho desembolsos). Y la Comisión exige que el coordinador evalúe e informe en consecuencia «de cualquier riesgo significativo» sobre dicho calendario. El control será tal que incluso Bruselas puede exigir a España que convoque encuentros técnicos en las que estaría presente con responsables de entidades gubernamentales a cargo de la ejecución de las reformas.
Semestre europeo
La vigilancia decisiva
La clave de todo el proceso estará en el Semestre Europeo. Establecido para supervisar y coordinar la política presupuestaria, fiscal, económica y social de la UE, es en este caso el ciclo de vigilancia decisivo. Aquí España tiene desde hace años deberes que ahora sí o sí ha de cumplir como la reforma del mercado laboral (con fecha límite el 31 de diciembre de este año para su aprobación) o la de las pensiones, fijada para finales de 2022. Se le requerirá como prueba definitiva la publicación en el BOE, «acompañada de un documento resumido que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el hito».
El evento anual
Bruselas también se explica
La Comisión Europea y España tendrán que celebrar, además de todos los encuentros ya planteados, un evento anual con la participación de los responsables de la implementación del plan de recuperación. El objetivo, «discutir la complementariedad, sinergia y coherencia» entre las ayudas y su aplicación del citado plan y los demás programas de la Unión. También cada año la Comisión Europea tiene que rendir cuentas ante el Parlamento y el Consejo con un informe sobre los avances realizados con los planes de recuperación y resiliencia; el volumen de los ingresos asignados y cómo va la recaudación.
Acceso a todos los datos
Transparencia absoluta
Y muy importante. La transparencia. El acceso total a la información. El acuerdo dedica un punto expreso a ello. «España se asegurará de que, previa solicitud, la Comisión tenga pleno acceso a los datos subyacentes relevantes que respalden la debida justificación de la solicitud de pago, tanto para la evaluación de la solicitud de pago como para fines de auditoría y control. El coordinador proporcionará esta información a la Comisión». España tendrá que cursar una solicitud debidamente justificada para cada uno de los desembolsos que requiera. Y cualquier cambio en los acuerdos operativos deberá ser pactado por las dos partes.
Incumplimientos
Suspensión de las ayudas
A partir de aquí, los supuestos. Si no se cumple de forma satisfactoria con los hitos y objetivos, los funcionarios de la Comisión podrían recomendar un movimiento drástico: «Suspender el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera». El Estado miembro afectado podrá presentar observaciones en el plazo de un mes. Si en seis meses no ha tomado las medidas necesarias para corregir la situación, la Comisión anulará el importe de la contribución financiera.
¿Y que sucedería si se pide recalcar hitos y objetivos? Aquí se prevé un mecanismo que se solaparía con el anterior. De entrada, se exigen «circunstancias objetivas» que justifiquen el incumplimiento en su totalidad o en parte, incluidos los objetivos intermedios y las metas pertinentes. El país estaría obligado a presentar a la Comisión una solicitud motivada para modificar o sustituir los compromisos; incluso, «un plan de recuperación modificado o nuevo».
Si la Comisión considera que los motivos alegados lo justifican, examinará el nuevo plan para que cumpla con los principios fundamentales del fondo extraordinario. Esto es: que las medidas contribuyen al crecimiento, crean empleo y garantizan la resiliencia económica y social; que se iguala o rebasa el destino de un 37% del gasto a la transición verde y un 20% a la digital; y que en ningún caso habrá impacto negativo en el medio ambiente.
Bruselas tendrá cuatro meses para evaluar la nueva propuesta desde el momento en que sea presentada. Si no obtiene su aprobación, la cosa se complica. Un mes para que el Estado miembro presente observaciones. Y en el caso más extremo, incluso la devolución con intereses de lo recibido.
