Bruselas no indemnizará por el Popular al alegar que 'salvó' 22.705 millones en pérdidas

Los antiguos clientes ven alejarse una posible indemnización. /Colpisa
Los antiguos clientes ven alejarse una posible indemnización. / Colpisa

Según la JUR, que apela de nuevo a un informe de Deloitte, los accionistas y los acreedores «no habrían recibido mejor trato» en un concurso

J. A. BRAVO

Los accionistas y acreedores afectados por la polémica «decisión de resolución» del Banco Popular, ejecutada por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a instancias de las autoridades europeas el 7 de junio de 2017, «no habrían recibido mejor trato si se hubiera sometido a un procedimiento de insolvencia ordinario».

Así lo concluye la Junta Única de Resolución (JUR), uno de los mecanismos de la Unión Bancaria implementados por la Comisión Europea y los Veintiocho, en su decisión «preliminar» sobre la «potencial» concesión de una indemnización a ambos colectivos. Y si bien aún no ha tomado una determinación definitiva -ha abierto un procedimiento de «audiencia» para los afectados, que tienen desde ayer hasta el 14 de septiembre para registrarse en la JUR (https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard) y solicitar el ejercicio de ese derecho-, viene a confirmar la tesis de su presidenta, la alemana Elke König, que veía «muy improbable» que hubiera indemnizaciones.

En esta tesitura, a accionistas y acreedores solo les quedaría la vía judicial, tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en la penal -en ambos casos el asunto ya está en la Audiencia Nacional-, así como en demandas civiles ante los juzgados de primera instancia. Asímismo, sigue abierto el camino ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Según la auditora Deloitte, que ha realizado también este tercer informe de valoración -al igual que los dos anteriores-, esas «contingencias legales» podrían suponer un coste en compensaciones de entre 1.790 y 3.450 millones de euros. Para el bufete Navas & Cusí, «lo significativo será lo que resuelva la Justicia europea», aunque matiza que el Santander, «actual responsable» del Popular, «debe responder a las legítimas demandas» de los socios.

«Decepción, no sorpresa»

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) no espera mucho del proceso de alegaciones en la JUR, al creer que solo lo hace para «lavar su imagen», porque devolver el dinero «seria como reconocer que no tomó la decisión correcta». Los grandes fondos que tenían bonos del Popular (Pimco, Anchorage y Algebris) están «decepcionados, pero no sorprendidos» con el último informe de la Junta, a la que critican por no haber elegido otra auditora.

Deloitte vuelve a establecer varios escenarios posibles en su dictamen, en este caso tres conforme a lo que se podría haber obtenido en función de la duración de un posible concurso de acreedores del Popular. Y en todos habría pérdidas abundantes sobre el balance de 126.300 millones de euros en activos que el banco tenía el 6 de junio, justo antes de decidir su resolución.

«En el peor caso», con un proceso concursal rápido (18 meses) sin esperar a que esos activos recobraran parte del valor perdido, el balance recuperado no pasaría de 95.078 millones. Y «en el mejor escenario», llegando a siete años, la suma se elevaría a 104.114 millones. Si atendemos a las amortizaciones a realizar, en un procedimiento acreedor de solo año y medio podrían dispararse a 34.144 millones, aunque si se esperaran siete años cabría reducirlos a 23.444 millones. Por eso, considerando que con la polémica «resolución» ascendieron a 11.439 millones, la JUR sugiere que 'salvó' 22.705 millones.

Y eso, avisa el «valorador» -como se denomina a la auditora- «sin tener en cuenta el impacto de liquidación de la entidad sobre el resto del sector y la economía, que podría haber contribuido al deterioro de las condiciones macroeconómicas».

La decisión es preliminar y los afectados tienen hasta el 14 de septiembre para pedir audiencia a la JUR Registro en internet

En los tres escenarios los acreedores de renta variable y subordinados -incluidos accionistas y bonistas- «habrían sufrido pérdidas equivalentes al 100% del valor de sus derechos», esto es, «no hay diferencia» con que les pasó tras la resolución que hizo la JUR. Si la habría, por el contrario, para los acreedores no asegurados -por ejemplo, clientes con depósitos de más de 100.000 euros- que con la liquidación más benevola para ellos (en un plazo de siete años) habrían perdido 3.300 millones (el 13% de sus derechos).

Con un plazo intermedio (tres años) su perjuicio habría sido de, al menos, 5.800 millones (el 24% de sus derechos) y en el peor escenario posible (a 18 meses) incluso perderían 14.000 millones (el 54%).

Unos 20.000 afectados vascos cuando Santander compró el banco

El banco dejó 20.000 afectados en Euskadi en el momento de su adquisición por Santander, según estimaciones del despacho Lean Abogados. No hay que olvidar la gran implantación que tenía la entidad en Euskadi, con una red de más de sesenta oficinas, y unos 350 empleados. Algunos de los perjudicados vascos, según los testimonios recogidos tras conocerse la noticia, llegaron a perder la totalidad de sus ahorros.

El perfil del afectado responde a pequeños accionistas e inversores, con una inversión global, según datos del bufete, de 190 millones. En cuanto se produjo la resolución del Popular, numerosos letrados ofrecieron sus servicios a los 300.00 accionistas agraviados en el conjunto del país. Entre estos despachos no se encontraban las grandes firmas, que, al contar con bancos en su cartera de clientes, se abstuvieron de entrar en el conflicto.

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