El tiempo presiona a BBVA, que acumulará un retraso de un año sobre sus planes para la compra

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La opa de BBVA sobre el Sabadell llega a la fase crítica y eleva la presión sobre los accionistas

Lo que sí quiere evitar BBVA es que sea agosto cuando se cierre el periodo de aceptación a su oferta de canje lanzada a los accionistas del Sabadell. Una vez se pronuncie el Gobierno, que podría endurecer las condiciones acordadas con Competencia, el regulador de los mercados (CNMV) deberá validar el folleto de la opa -un trámite que llevará cinco días- y entonces se abriría el plazo para responder a la oferta de BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres podrá dar entre 30 y 70 días para esa ventana.

La estrategia del Sabadell ha sido, entre otras, aprovechar el transcurso del tiempo. Así, tras lograr que la CNMC abriera una segunda fase en el análisis de la operación, ganó cinco meses en los que anunció el regreso de su sede a Cataluña, un golpe en el relato sobre la identidad y la cercanía, que ha sido una constante en el proceso. El tiempo ha servido también para que los responsables del banco catalán hayan jugado en el filo del 'deber de pasividad' subiendo la temperatura y oponiéndose a la operación. Además, han elevado su política de remuneraciones a los accionistas hasta llegar a los 1.300 millones en este 2025, como argumento para rechazar la opa de BBVA.

Y, ahora, la venta de TSB, la filial inglesa del Sabadell. El banco vallesano comunicó esta semana que ha recibido muestras de interés de Barclays y Santander para comprar unas siglas que le reportaron 253 millones de ganancias en 2024. Más madera. El banco presidido por Josep Oliu está dispuesto a facilitar una compra rápida, con lo que impactaría de lleno en la opa por dos cosas. Por un lado, afectaría al valor del Sabadell, que sacaría de su balance al TSB al que el mercado valora en el entorno de los 2.000 millones, intentando desincentivar así el interés del banco vasco. Y, de otra parte, en el caso de fraguarse una de las dos ofertas, la entidad catalana debería someter la operación a la aprobación de su junta de accionistas. Un trámite que requiere una convocatoria con una antelación de 30 días, por lo que se celebraría en mitad del periodo de aceptación de la opa de BBVA: intervención del regulador, posible reconfiguración de la oferta de canje y, de nuevo, más tiempo.

Aun así, la determinación de BBVA se mantiene firme. Los retrasos, así como los compromisos adquiridos con Competencia no merman las sinergias de 850 millones anuales calculadas, o no lo hacen hasta el punto de replantear la operación. Lo que no evita cierto cansancio ante un entorno en el que, como dice un analista del mercado, «todos hablan, el Gobierno, el Sabadell y hasta el PNV, que ha aprovechado la situación para reclamar más presencia en Euskadi». Por ello, las mismas fuentes, señalan la decisión esta semana del presidente de BBVA, Carlos Torres, de salir del silencio para defender la opa en una entrevista en 'Onda Cero' en la que, además, fue un paso más allá al lanzar una advertencia al Gobierno: si endurece las condiciones fijadas por CNMC podría recurrir a los tribunales. Y es que la entidad vasca considera que la Ley de Competencia permite actuar al Gobierno en defensa del «interés general» pero solo para suavizar o eliminar las condiciones, pero no para agravarlas. El banco vasco sigue defendiendo una operación que permitirá aumentar hasta en 5.000 millones anuales la capacidad de crédito alumbrando una entidad más fuerte.