BBVA ultima el consejo que decidirá el futuro de la opa

El desconcierto en el mercado es absoluto, con todas las posibilidades abiertas y a la espera de un inminente consejo que, según fuentes del entorno, la entidad vasca celebraría ya la próxima semana, una vez consultados todos los grandes accionistas, tanto del banco que preside Carlos Torres como el que comanda Josep Oliu, muchos de los cuales coinciden en el capital de ambas entidades.

Todo parece indicar que BBVA se inclinaría a seguir adelante con la operación. Pero la decisión del consejo se centra en valorar el impacto de las medidas impuestas por el Gobierno a la fusión durante al menos tres años en las sinergias estimadas inicialmente en 850 millones de euros brutos anuales.

«Creemos que BBVA seguirá adelante con la operación, pero la entidad tendrá que mejorar la oferta, aunque en un porcentaje menor que lo que estimábamos hace unas semanas», apunta un directivo del sector bancario a este medio, que opina que la entidad no se echará atrás por las condiciones del Gobierno. «No puedes haber llegado hasta aquí, después de 14 meses, para retirarte ahora; las sinergias a corto plazo serán menores, pero la importancia estratégica de la operación hay que mirarla a largo plazo», añade.

Cabe recordar que, prácticamente desde el inicio de la operación, BBVA ya contemplaba un escenario de una compra sin fusión, pero con la previsión de que la mayor parte de los ahorros de costes llegarían del segmento tecnológico y de administración que, bajo las condiciones impuestas por el Gobierno, quedan en el aire.

El veto temporal a la fusión del Ejecutivo será clave para que el banco recalcule estos ahorros de costes y pueda reflejarlo, si todo sigue su curso, en el folleto de la opa que la CNMV ya tiene muy avanzado a la espera de estas modificaciones. Ese veto está fundamentado en diversos factores con los que Moncloa busca defender el interés general y que ha contado con la participación de hasta cinco ministerios. Entre ellos, el de Industria, que elevó un informe Economía en el que solicitaba medidas para proteger el crédito a pymes y la financiación de la inversión industrial. Así lo explicó el titular de la cartera, Jordi Hereu, durante la clausura de los cursos financieros organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Apie en Santander.

«Se pidieron diferentes informes y solo apuntar que, desde el punto de vista de nuestro Ministerio, pusimos mucho énfasis en el mantenimiento de infraestructura de centros en todas las comunidades autónomas centradas en crecimiento empresarial y creación de start ups, para que un tiempo se mantengan». En el documento de 25 páginas al que ha tenido este diario en el que el Gobierno justifica su intervención se menciona la elevada presencia de las midcaps en ecosistemas industriales, «clave para la competitividad y la autonomía estratégica de la UE (Electrónica, Aeroespacial y Defensa, Energía, Industrias de alto consumo energético y Salud)».

También apunta a empresas emergentes o startups que tienen un modelo de negocio «que incorpora tanto un nivel de riesgo mayor, asociado a su actividad de innovación, como incertidumbre acerca del éxito de su modelo de negocio, lo que dificulta su financiación en las fases iniciales al requerir capital para desarrollar y validar sus ideas antes de generar ingresos».

Moncloa defiende en sus conclusiones que la protección de este segmento empresarial, «tan importante para el interés general» motivó, entre otras medidas, la aprobación de la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. «España cuenta con una situación de desventaja en estos segmentos en relación con otros pares europeos, por lo que se han de evitar cambios que les afecten negativamente», apunta el documento.

Hereu explicó que estos elementos «son bastante racionales y desde un Ministerio de Industria centrado en pymes los podemos defender», dejando claro que apoya la decisión de Moncloa. «Nos vemos muy reflejados», insistió.