Europa abre la puerta a que los jueces españoles anulen las hipotecas IRPH abusivas

Europa abre la puerta a que los jueces españoles anulen las hipotecas IRPH abusivas

Considera que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios no es transparente y deja a criterio de los magistrados la interpretación de un «potencial carácter abusivo»

Salvador Arroyo
SALVADOR ARROYO

Que un índice sea oficial y, por tanto, se encuentre bajo el paraguas del Banco de España, no lleva aparejadas plenas garantías de transparencia y seguridad para el consumidor. Sobre esa tesis, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), aplicado a casi un millón de hipotecas en todo el Estado, no está excluido del ámbito de aplicación de una directiva comunitaria que ya consideró abusiva la cláusula suelo, provocando un vuelco en el sistema bancario español. Ahora un abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) gira en la misma dirección y parece allanar el camino para que los jueces nacionales puedan anular el IRPH de un contrato si determinan que existe un «potencial carácter abusivo» en sus condiciones. Es una opinión de peso que, si finalmente es tomada en consideración por los magistrados de la Alta Corte de Luxemburgo -la sentencia definitiva se espera para finales de este año o principios del próximo- abriría la puerta a reclamaciones millonarias en los tribunales.

Porque al IRPH, una de las seis referencias legales que los bancos podían aplicar a las hipotecas (euribor incluido), se encuentran expuestos los cinco 'colosos' del país con un total de 16.300 millones en créditos -CaixaBank (6.500), Santander (4.300), BBVA (3.100), Bankia (1.600) y Sabadell (830)-. A ellos habría que añadir otros 727 millones de Kutxabank, según cifras recabadas por la plataforma Stop IRPH Gipuzkoa.

De momento esa opinión preceptiva, que no vinculante, invalida lo defendido por España y la propia banca durante la vista oral celebrada en febrero que siguió EL CORREO en Luxemburgo. El letrado autor del informe, el polaco Maciej Szpunar se muestra en desacuerdo con lo que allí se argumentó: que el IRPH «era un índice oficial no elaborado por los operadores de mercado, lo que lo hacía objetivo y transparente» y que, en todo caso la supuesta abusividad se referiría a un hecho posterior a los contratos: el desplome del euribor durante la crisis.

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El IRPH se expandió en pleno 'boom inmobiliario' bajo la premisa de que era mucho menos volátil que el euribor. Pero cuando este se retrajo el IRPH se mantuvo muy por encima debido a que se calcula con la media de los tipos que aplican las entidades, con diferenciales y comisiones incluidos. De ahí que los titulares de préstamos ligados al indicador hayan pagado de más unos 25.000 euros de media por hipoteca, entre 250 y 300 euros mensuales de sobrecoste.

Oficial y legal, pero complejo

Szpunar no cuestiona su legalidad tampoco se aventura a declarar nulo el índice de un Estado miembro ni se arriesga a aseverar la forma en la que los perjudicados deberían ser compensados por los sobrecostes. Pero en su informe de conclusiones de 33 páginas remarca que es «indispensable que el correspondiente Derecho nacional garantice efectivamente la plena aplicación de la directiva, que la situación jurídica que resulte de dicho Derecho sea suficientemente precisa y clara y que se permita a los beneficiarios conocer la totalidad de sus derechos y, en su caso, invocarlos ante los tribunales nacionales».

A partir de ahí, recomienda a la Curia que atienda la tesis de que son los jueces nacionales los que tienen que «efectuar el control de la transparencia de la cláusula controvertida y verificarla teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato». Incluye incluso las recomendaciones de lo que debería ser una información detallada y clara para los consumidores (entre las que figuraría el modo en el que ha ido evolucionando este índice y el método de cálculo del tipo de interés). Dice, en definitiva, que el consumir debería estar en condiciones de valorar «basándose en criterios precisos e inteligibles» las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación del índice. Algo que, desliza, no siempre habría sido así.

Porque, de hecho, recomienda a los jueces nacionales que vayan más allá. Y aun cuando confirmen que ha sido clara y comprensible la redacción de las cláusulas contractuales, entren en «el fondo» y calibren «la posible existencia de un desequilibrio importante causado, en detrimento del consumidor».

El IRPH llegó a la justicia europea como una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona. Un cliente suscribió un contrato hipotecario con ese índice por importe de 132.222,66 euros con Bankia para financiar la adquisición de una vivienda. El afectado denunció «la opacidad» de la entidad sobre su cálculo y variables argumentando que había sufrido un perjuicio (frente a si se le hubiera aplicado el euríbor) de entre 18.000 y 21.000 euros. Szpunar tampoco es determinante sobre si Bankia fue transparente en ese caso concreto.

El abogado polaco que lo ha sido todo

Maciej Szpunar actuó este martes como abogado general del TJUE para el caso del índice IRPH. Polaco, nacido en 1971, este licenciado en Derecho por la Universidad de Silesia y el Colegio de Europa de Brujas tiene una dilatada trayectoria tanto política, en su país, como jurídica. Miembro del consejo editorial de varias revistas y autor de un ramillete de publicaciones especializadas en los ámbitos de Derecho Europeo y de Derecho Internacional privado, es abogado general del Tribunal de Justicia comunitario desde octubre de 2013. Su papel no tiene equivalente en el sistema judicial español, aunque ejerce un papel similar al fiscal. Sus consideraciones suelen ser seguidas por los jueces, aunque no es asi siempre.

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