Los fallos judiciales vascos abren la puerta a «una verdadera segunda oportunidad» para los autónomos
Según el último barómetro de ATA, cerca de 300.000 trabajadores por cuenta propia no saben si continuarán con su negocio los próximos meses, lo que podría derivar en muchas quiebras
Euskadi cuenta ya con dos sentencias pioneras que abren la puerta a que los autónomos y pequeños empresarios que se arruinen durante la pandemia puedan ser eximidos de sus deudas públicas. Estos dos fallos judiciales -en Gipuzkoa y Álava- suponen la posibilidad de «una verdadera segunda oportunidad», opina el secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Perea. «Las deudas con las administraciones públicas y, en concreto, con Hacienda y la Seguridad Social, son las que más pesan sobre los autónomos y muchas veces impiden que ese autónomo y su familia puedan remontar su vida y seguir adelante», señala.
El Gobierno de Pedro Sánchez dispuso en mayo que los créditos públicos quedaban fuera de la Ley de la Segunda Oportunidad, norma a la que se acogen las pequeñas empresas y los autónomos cuando quiebran. La deuda pública con la Seguridad Social, por ejemplo, es una pesada losa sobre el autónomo, «ya que le impide acceder a la pensión de jubilación». Por ello, desde ATA valoran «positivamente» las dos sentencias vascas. Aún así, lamentan que los trabajadores por cuenta propia tengan que recurrir a los tribunales para tener «una nueva oportunidad. Con los costes que eso acarrea y más en una situación complicada», añade Perea.
El 9% prevé cerrar
La pandemia del Covid-19 ha puesto a muchos autónomos en una situación complicada. Según último barómetro realizado por ATA, 300.000 de ellos no saben si van a continuar con su negocio en los próximos meses, lo que derivará en muchas quiebras. «Ese dato supone que en torno a un 9% de los autónomos prevé cerrar su negocio», un proceso que podría acelerarse «si no se amplían las ayudas estatales, que finalizan el 31 de enero», señala el secretario general de la asociación. Actualmente unos 350.000 autónomos se benefician de estas prestaciones en España.
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de España (UATAE) también aplaude las dos sentencias vascas. «Estos pronunciamientos vienen a avalar la posición que hemos defendido desde siempre: que un proyecto de emprendimiento salga mal no puede significar la muerte civil de ese autónomo», destaca la secretaria general de UATAE, María José Landaburu. En ese sentido, AUTAE defiende que todas las deudas, también las de titularidad pública, deben poder ser objeto de fraccionamiento y condonación. Ven necesaria, por tanto, una reforma de la ley de Segunda Oportunidad, para la que proponen «que se reconozca la exoneración de las deudas de titularidad pública tras la liquidación del patrimonio y tras haberse sometido el afectado o afectada a un plan de pago durante cinco años que no haya satisfecho la totalidad de las mismas».
La plataforma AUPA Euskadi, que agrupa a autónomos vascos, también opina que la ley debe modificarse para evitar «largos procesos judiciales», que se dan en situaciones muy duras. «Quien está en quiebra no tiene dinero para contratar a un abogado. Además, en todo el proceso judicial las deudas le siguen persiguiendo», apuntan. Es por eso que piden regularizar la norma para que todo el proceso sea «más sencillo» y ágil.
