Las administraciones vascas no han recibido avisos de cambio en sus contratos

Son contratos de energía verde y fueron adjudicados a través de licitaciones públicas. El del Gobierno vasco, de 73 millones, lo ganó en enero de 2020 tras batir a EDP, Endesa, Acciona, Nexus y Repsol.

Iberdrola tiene también el de las tres diputaciones vascas. El de Bizkaia, de 41 millones de euros, cubre a la entidad foral y a 70 consistorios. Se lo adjudicó hace ahora dos años y se extiende hasta finales del ejercicio. Asimismo, en octubre de 2020 se llevó el del Ayuntamiento de Bilbao, por 27 millones de euros.

Fuentes del consistorio bilbaíno señalan que no han recibido ninguna notificación de Iberdrola sobre una posible renegociación. Lo mismo dicen en el departamento de Olatz Garamendi, aunque en este caso podría deberse a que el contrato está indexado. En la Diputación vizcaína no han contestado.

La eléctrica, que ha sido muy crítica con «la inseguridad jurídica» que supone el real decreto, envió cartas a sus clientes explicándoles la situación y la necesidad de repercutir la penalización. Según apuntaba en ellas, el Gobierno ha impuesto un coste extra de entre 70 y 100 euros por Mwh a la generación libre de emisiones cuando ya está vendida a precios muy inferiores, lo que genera un grave desequilibrio. El argumento de Ribera es que nucleares, hidráulica y renovables se benefician del alto precio del gas porque, debido al sistema marginalista, todas las centrales se remuneran según la última que entra en el sistema. Pero el real decreto ha generado un auténtico caos hasta el punto de retirar generación renovable que ya no era rentable. De ahí que ahora se esté estudiando su retirada.