El acuerdo para fiscalizar a las grandes multinacionales «ni es nuevo, ni tiene recorrido»
Los expertos temen que la iniciativa para que las corporaciones paguen impuestos donde obtienen beneficios dé pocos resultados
Hay que hacer algo para lograr que las multinacionales paguen impuestos en los países en los que facturan sus bienes y servicios. El objetivo está ... claro y es aceptado por casi todo el mundo. Pero no es fácil alcanzar un consenso sobre las medidas que deben adoptarse para su consecución. No obstante, el pasado jueves se anunció que 130 de los 139 países del Marco Inclusivo de la OCDE habían alcanzado un acuerdo para imponer un tipo nominal mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades que gravará los beneficios de estas corporaciones. Según sus artífices, el pacto podría generar hasta 130.000 millones de euros de recaudación fiscal extra en todo el mundo.
Javier García Ross, director del Máster en Asesoría Fiscal de la Universidad de Deusto, es mucho menos entusiasta. «El problema de este acuerdo es que a él se tienen que comprometer también los países en los que menos se tributa», señala. Y no se han adherido algunos tan relevantes como Irlanda, «que utiliza la soberanía fiscal para atraer inversiones». Además, García Ross señala que «tan importante como el tipo nominal es la base imponible», a la que se presta mucha menos atención.
En la mejor tradición docente, García Ross explica esto último con un ejemplo práctico: «Imaginemos que una empresa estadounidense vende un móvil a 600 euros en España. Si le cuesta 100 producirlo, le quedan 500 de beneficio, que serían la base imponible. Sin embargo, si desde una sede en un paraíso fiscal cobra 500 euros en concepto de royalties por propiedad intelectual y se le permite deducirlos, la base imponible cae a cero y entonces da igual el tipo que se le imponga, porque los impuestos los pagará en ese paraíso fiscal».
Las diputaciones
Además, el profesor destaca que el acuerdo impone el mínimo del 15% solo a las empresas con más de un 10% de beneficios. «Amazon, por ejemplo, gana un 6% que la dejaría fuera». Por eso, García Ross destaca que es importante «definir a qué se impone el 15%», y añade que este tipo de impuesto ni siquiera es nuevo. «En las diputaciones forales ya existe desde 2014, y se impide deducir gastos procedentes de países en los que hayan tributado por debajo del 10%», apunta. Por eso, el docente sostiene que, a nivel internacional, sería mucho más eficaz armonizar tanto el tipo nominal como la base imponible. «El problema de Europa es que los acuerdos se toman por unanimidad y no por mayoría, con lo que la negativa de Irlanda es suficiente para que no se apruebe».
Por todo ello, García Ross sentencia que el acuerdo «ni es nuevo, ni tendrá gran recorrido». Es un escepticismo compartido por Enrique de la Rica, director de la escuela de negocios ESEUNE: «Sobre el papel, la redistribución de los derechos impositivos de las grandes multinacionales desde sus sedes fiscales a los mercados donde generan su facturación y sus beneficios reales me parece lógico y justo. Pero el hecho de que todo se esté haciendo ahora tan rápido y sencillo hace temer que haya gato encerrado».
Desde Oxfam también se resta relevancia a «una reforma fiscal internacional lejos de ser histórica». La ONG recuerda que, si se aplica el tipo del 15%, España recaudaría 4.700 millones menos que con el 21% correspondiente. «Puede incluso ser el punto de partida para que otros países justifiquen recortar el tipo nominal», comentó ayer Iñigo Macías, responsable de fiscalidad de Oxfam, que también criticó que «los países en desarrollo, que representan más de un tercio de la población mundial, recibirán apenas el 3% de estos nuevos ingresos». En opinión de García Ross, la única solución es acabar con los paraísos fiscales. «Pero eso no lo veremos», apostilla.
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