El G-7 acuerda eximir del impuesto mínimo a las multinacionales de EE UU

El pacto permitirá que las empresas estadounidenses sólo sean gravadas en su país de origen, tanto por las ganancias nacionales como por las extranjeras, explicó el G-7 en un comunicado emitido por Canadá, que ocupa en estos momentos la presidencia rotativa del grupo.

El acuerdo se alcanzó en parte debido a los «cambios recientemente propuestos al sistema fiscal internacional de Estados Unidos» incluidos en la principal legislación de política interna de Trump, que aún se está debatiendo en el Congreso, según el comunicado. Este sistema paralelo podría «proporcionar mayor estabilidad y certeza en el sistema fiscal internacional en el futuro», agrega el texto.

Casi 140 países de todo el mundo llegaron a un acuerdo en 2021 para gravar a las empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de euros, un acuerdo negociado bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ese compromiso, profundamente criticado por Donald Trump, establece una tasa mínima de impuesto global del 15%.

Aunque será la OCDE la que tendrá que decidir finalmente si eximirá o no a las empresas estadounidenses de ese impuesto, el G7 dice en el comunicado en el que anunció su decisión que espera «alcanzar rápidamente una solución aceptable y aplicable para todos». El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, aseguró ya el jueves que se alcanzaría un acuerdo de este tipo, «que defiende los intereses estadounidenses», entre los países del G7, que reúne a siete de las economías más avanzadas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia y Reino Unido.

Bessent también pidió a los legisladores estadounidenses que retiraran una medida de la megaley de Trump que permite al Gobierno imponer gravámenes a empresas con propietarios extranjeros y a inversores de países que se considera que aplican impuestos injustos a las empresas estadounidenses. Esta cláusula, vista como una medida de represalia, generó muchas preocupaciones, por considerarse que impediría a las empresas extranjeras invertir en Estados Unidos.