Los accionistas de IMQ dan hoy el último paso para la venta a Adeslas
En un ambiente más calmado y después de tres años de enfrentamientos, votan hoy la oferta de 255.000 euros por paquete
En medio de una aparente calma que deja atrás los enfrentamientos viscerales, los accionistas de IMQ, la principal aseguradora de salud del País Vasco, están ... convocados hoy a una junta de accionistas que será decisiva. Apenas cuatro puntos en el orden del día con un objetivo claro: recabar el respaldo definitivo para que el grupo SegurCaixa Adeslas pueda adquirir acciones de IMQ, sin límite, a un precio de 255.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos -el mínimo en poder de cada accionista-, con un buen número de compromisos que garantizarían el mantenimiento de la sede social en Euskadi y, también, el modelo de asistencia actual. Asimismo, habrá facilidades para que puedan incorporarse nuevos profesionales al cuadro médico y al accionariado de la compañía. Puede ser, si se aprueba, el capítulo final de una auténtica batalla entre 1.170 accionistas -todos ellos médicos- que comenzó hace ya tres años.
Todas las fuentes consultadas apuntan que se espera un respaldo mayoritario al principio de acuerdo que el consejo de administración de IMQ, presidido por la doctora Beatriz Astigarraga, ha alcanzado con Adeslas tras una dilatada negociación. Incluso, existe la sospecha de que puede haber una venta masiva de acciones en los próximos meses, lo que dejaría a Adeslas con una amplia mayoría en el capital desde los primeros compases de esta nueva etapa.
La asociación que hasta el pasado verano se había opuesto de forma radical al pacto con Adeslas, el grupo Ademi, ha admitido ahora que las condiciones son aceptables. Pese a ello, ha pedido un esfuerzo a los médicos para que pueda existir un contrapeso suficiente en el accionariado. Así, ha solicitado a sus asociados que no vendan de forma precipitada sus acciones, con el objetivo de que los médicos puedan retener al menos el 20% del capital social. Y ello porque, según el compromiso firmado por Adeslas, esta sociedad necesitaría el 80% del accionariado para tomar algunas decisiones estratégicas. Entre ellas, un hipotético cambio de domicilio social o la venta de activos, como es el caso de la clínica de Zorrozaurre, cuya ampliación Adeslas se ha comprometido a apoyar.
Los compradores aseguran que mantendrán el arraigo y el modelo asistencial
El conflicto, que salió a la luz a mediados de 2019, llevaba años larvándose sin que los responsables de IMQ fuesen capaces de darle una salida adecuada. Todos los accionistas de la compañía son o han sido médicos en activo, pero ya entonces -la tasa ha subido, lógicamente- el 45% estaban jubilados y eran pensionistas. Los estatutos de la sociedad impiden todavía hoy una venta libre de las acciones e IMQ imponía cada año un supuesto 'valor razonable' para quien quería abandonar la empresa. Apenas 67.000 euros en 2018 y 99.000 en 2019, cifras que contrastan con los 255.000 que ahora pagará Adeslas.
Presión creciente
La movilización de quienes querían vender «a precios de mercado» les llevó a crear una asociación, bautizada como PAI, que fue la encargada de elevar la presión, hasta conseguir que IMQ aceptase una venta con valores «más razonables». El camino, sin embargo, ha estado plagado de tensiones. Además de médicos, los accionistas de la compañía son también seres humanos que defienden sus intereses -contrapuestos en muchos casos- con pasión. Así, mientras que para unos IMQ es tan solo una empresa de la que son accionistas, para otros es también la compañía en la que actúan como proveedores. Un esquema poco menos que diabólico para cualquier sociedad anónima.
El conflicto se fue enquistando porque en el seno de la compañía había fuerzas que trataban de impedir la venta -una posición que llevó al cese del director general, Miguel Ángel Lujua, y más tarde del presidente, Pedro Ensunza-. Y también porque muchos médicos-accionistas entendían que la cesión a Adeslas de una posición mayoritaria podía suponer la desaparición de IMQ. Una vez más, el capital vasco ha brillado por su ausencia a la hora de propiciar una alternativa que permitiese cerrar un círculo virtuoso para resolver el problema: que pudiesen vender con libertad y a un precio de mercado quienes quisieran hacerlo y que la compañía permaneciese arraigada y sin peligro de deslocalización. Lo cierto es que no habido otra oferta sobre la mesa, salvo la de Adeslas.
El Montepío firma la paz, vende sus acciones y renuncia al derecho de veto
IMQ ha resuelto antes de la junta de accionistas la pelea que mantenía con la dirección del Montepío, la entidad que gestiona el plan de pensiones de una parte de los médicos y de los empleados. A cambio de un compromiso firme de que IMQ seguirá aportando dinero para ese complemento de pensiones, el Montepío se ha desprendido de las acciones que tenía en el grupo -han pasado a la autocartera-, lo que significa también renunciar al derecho de veto sobre la entrada de Adeslas. El pacto ha puesto fin a una larga lista de conflictos judiciales cruzados entre IMQ y el Montepío.
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