5.000 vascos con cláusulas suelo esperan una solución judicial tras un año del fallo de la UE

La noticia se juntó con la Lotería, y muchos de los afectados vieron la sentencia como la posibilidad de cobrar una 'pedrea' de su propio préstamo firmado, aunque ya entonces se advirtió que el camino para recuperar esas cuantías iba a ser tortuoso y, en muchos casos, serían los tribunales los que tendría que poner luz en el entuerto. Algunos vieron también en la sentencia un torpedo en la línea de flotación de las entidades de crédito afectadas y se habló de un agujero conjunto de hasta 4.000 millones de euros.

365 días después, la situación es bien conocida. Ni el daño a las entidades bancarias ha sido tan relevante y, en la mayoría de casos, el camino hacia la resolución de las reclamaciones ha estado plagado de minas para los que han tenido la suerte de encontrar una salida. El resto...sigue buscando el camino hacia la luz tanto por la vía judicial como por la extrajudicial. El dato principal que nos ofrece una imagen fidedigna de cómo se encuentran los hipotecados vascos afectados es la lista de espera de los casos en los juzgados especializados de las tres capitales de Euskadi. Y es que el ejercicio finalizará con más de 5.000 casos por cláusulas suelo y gastos hipotecarios por resolver en la comunidad.

Muchos de ustedes concluirán que en los próximos meses los jueces y el personal habilitado en el País Vasco dará salida a esta carga de trabajo, pero ahí radica en estos momentos la duda. ¿Tendrán continuidad estos juzgados especiales dispuestos por el Consejo General del Poder Judicial? Fuentes consultadas por no han sabido confirmar si la continuidad será generalizada y esperan a que «en enero se aclare la situación». En principio, el refuerzo habilitado por el CGPJ se ceñía al segundo semestre de 2017, es decir, desde el 1 de junio -los de Vitoria y San Sebastián arrancaron en julio- hasta el 31 de diciembre, «aunque podría prorrogarse en tiempo y personal si la situación lo requiere», estimaba el órgano judicial.

Pero ya que las previsiones de entrada de casos saltaron por los aires ya en las primeras semanas de actividad -se tuvo que reforzar con dos magistrados más el juzgado de Bilbao-, es evidente que nadie se plantea cerrar ahora el grifo y dejar sin solución o con un retraso más que grave miles de denuncias de consumidores vascos.

Posiblemente, si se hubieran cumplido las previsiones del CGPJ para Euskadi, la necesidad de prorrogar la labor de los juzgados de refuerzo hubiera sido mínima o muy baja. Según la primera estimación -con la que se realizaron los repartos-, se esperaba la entrada de 1.250 casos en Bilbao, 900 en San Sebastián y unos 400 en Vitoria. En total, 2.550 denuncias. La escasa efectividad de la vía extrajudicial y la negativa de la mayoría de los bancos a devolver, de buena fe, las cuantías cobradas de más, ha provocado la llegada masiva de casos, hasta el punto de que a fecha del pasado martes, la cifra de asuntos registrados en el País Vasco ascendía a 6.944. La mayor cifra la registra Bilbao, con 4.444 demandas, seguida de San Sebastián, con 1.556, y Vitoria, con 944.

Previsiblemente, el ejercicio concluirá con más de 7.000 denuncias registradas, lo que casi triplicaría la entrada de asuntos prevista inicialmente. Así las cosas, y sabiendo que la llegada de cuestiones, de momento, no tiene freno, los jueces dispuestos en el País Vasco necesitarían otro ejercicio completo para aliviar la resolución de casos.

Además, como ya advirtió Ane Miren Magro, letrada de Ercilla Abogados a este medio, con la resolución favorable a los intereses de los afectados de los primeros fallos sobre las cláusulas suelo emitidos por los jueces vascos, «la llegada de nuevos afectados volverá a repuntar». De hecho, desde que se conocieran las primeras sentencias a mediados de septiembre, han llegado más de 4.350 denuncias, esto es, el 62% del total de casos.

En lo que respecta a los asuntos resueltos, la última estadística al respecto del CGPJ, del 13 de noviembre, apuntaba que se habían fallado 369 casos en Euskadi, con 584 vistas celebradas. Por tanto, es evidente que a estas alturas las vistas superen el millar largo y la resolución de casos ronde también esa cifra.

En lo que respecta al conjunto de España, a las diferentes secciones especializadas habilitadas en cada provincia habían llegado hasta principios de noviembre más de 118.000 demandas, según los datos facilitados por el CGPJ. Pero en las últimas semanas, este número de casos se ha incrementado de forma exponencial hasta superar ya las 140.000, según indican fuentes cercanas.

Estos Juzgados de Primera Instancia tenían señaladas más de 6.000 vistas o audiencias previas para los meses de noviembre y diciembre. Esos órganos judiciales ya han celebrado desde su puesta en marcha, casi 5.000 vistas. Además, habían dictado cerca de 3.500 sentencias hasta noviembre, cuando el tiempo medio de respuesta en la jurisdicción civil es de seis meses.

En lo que respecta al mecanismo extrajudicial habilitado por el Gobierno a principios de año se han tramitado más de un millón de casos. De ese millón de solicitudes que les han llegado a los bancos durante estos últimos meses, han aceptado casi la mitad -unas 453.000-. Pero han conseguido deshacerse de los otros 600.000 casos a través de diferentes vías.

En primer lugar, porque las entidades no han llegado a tratar unas 343.000 quejas, bien porque no cumplían con los requisitos establecidos en el proceso extrajudicial, bien por «otras razones» sobre las que no han aclarado el tratamiento, lo que ha encendido las alarmas entre las asociaciones de consumidores. Además, de las que sí han analizado, los rechazos para devolver las cantidades cobradas de más han superado los 200.000. ¿La justificación más extendida? Que la incorporación de la cláusula suelo en la escritura hipotecaria «es transparente», «cumple con la legalidad» o «se adapta a la normativa vigente», ante la sorpresa del cliente.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, apuntó en el Congreso hace pocos días que el mecanismo habilitado por el Gobierno ha permitido la recuperación de 1.750 millones de euros a casi 400.000 familias afectadas, el 86% en efectivo. «Estos resultados seguirán evolucionando y mejorando, ya que la comisión tiene que analizar cómo los bancos han ido aplicando este sistema. Espero que estos resultados sean mejores que esta primera estimación», señaló.