La gestora del Barakaldo quiere llevar a juicio al anterior presidente

Ese informe revela un sinfín de pagos excluidos de cotización a gran parte de los empleados, entre los que figuran futbolistas del primer equipo, desde 2014 hasta 2018. Un agujero financiera que mantiene contra las cuerdas desde hace casi dos años al club de la Margen Izquierda.

Ese dosier desmenuza caso por caso los constantes pagos en B emitidos por la entidad fabril desde la temporada 2014/15 hasta la 2017/18. Según los inspectores de Trabajo, más del 55% de los pagos a los empleados se realizaban de forma irregular. Además se incluían como gastos desplazamientos en coches particulares de los futbolistas -el club tenía un autobús para esos viajes-, dietas y compra de material, entre otros conceptos. Sin embargo, no constaban facturas. «Ninguno de dichos conceptos puede considerarse excluido de la base de cotización», argumenta el informe.

En vista de estas actuaciones, la actual junta gestora pedirá el miércoles a los socios en asamblea que den su permiso para impulsar acciones legales contra la anterior directiva. «Vamos a exponer esta documentación en la asamblea y los socios lo tendrán que decidir. El club es de los socios y ellos tienen que tomar esa decisión en base a todas las irregularidades que nosotros hemos detectado», explicó Jesús María Isusi a EL CORREO. «Ya es hora de que los socios conozcan realmente por qué hemos llegado hasta esta situación», resalta el máximo mandatario.

Los actuales dirigentes quieren cargar contra la junta presidida por Orlando Sáiz, que estuvo al frente desde 2015 hasta 2019. Dejó el cargo siete meses después de tener conocimiento de la documentación expuesta ayer por este periódico. La primera de las campañas investigadas corresponde, sin embargo, al mandato de la directiva encabezada por Alberto Romero, a quien la gestora no quiere llevar a los tribunales. «La irresponsabilidad la comete la directiva que obstaculiza la inspección de la Seguridad Social».

El propio informe de Trabajo subraya que «se evidencia la intencionalidad de la empresa (en referencia al Barakaldo) de ocultar las bases de cotización que realmente correspondían a cada trabajador». Asimismo, el dosier incide en que los entonces dirigentes -la directiva de Orlando Sáiz- no les remitieron las nóminas que se les exigieron y aportaron «datos erróneos o incompletos». «Es por ello que tenemos que hacer frente a una de deuda de 1,2 millones de euros y no de 400.000 euros», estima el actual responsable de la junta gestora. «Esto que tiene asumir ahora el club, lo debería asumir quien era el responsable de la negociación con la Seguridad Social», reitera Isusi.

Según el actual presidente del club, «todo empieza con el caso Movilla». En 2017, el entonces entrenador del primer equipo, denuncia un despido improcedente por el que el Barakaldo «tuvo que abonar en concepto de indemnización 82.986,77 euros», tal y como señala el acta de la Inspección de Trabajo. En dicho proceso judicial, «se requirió a la empresa (en alusión otra vez al club fabril) la cotización de las diferencias generadas entre lo realmente cotizado y las cantidades recogidas en contrato», añade el informe.

«Si te pillan cometiendo una irregularidad, ¿por qué continúas haciendo lo mismo?», se cuestiona Jesús María Isusi. «Si en ese momento nos hubiéramos regularizado, no habría pasado nada», zanja el mandatario de la entidad fabril, que ahora tiene que hacer frente a una deuda de 1,2 millones de euros.