El copago de la seguridad de espectáculos deportivos, debate abierto

Dos agentes de la Policía Nacional, a las puertas del Metropolitano. /Reuters
Dos agentes de la Policía Nacional, a las puertas del Metropolitano. / Reuters
MÓNICA GRACIA SÁNCHEZMadrid Secretaria general del Sindicato Unificado de Policía

Según fuentes oficiales, el dispositivo para este fin de semana en Madrid para garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y el Tottenham, movilizará, sólo en lo que a Policía Nacional se refiere, en torno a 2.000 miembros de las Unidades de Intervención Policial (popularmente conocidos como antidisturbios); además de efectivos de Caballería, Guías Caninos, Subsuelo, Tedax, Medios Aéreos, Información, Brigada Móvil, Unidad de Prevención y Reacción y radiopatrullas.

Por otro lado, también prestarán su asistencia, personal público de servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Municipal con un papel protagonista en esta puesta en escena tan espectacular, pero, al mismo tiempo, tan costosa para el erario público. Resulta difícil encontrar un evento organizado por entidades privadas que requiera semejante asignación de recursos públicos, aunque en el caso del fútbol, se repite el mismo escenario en muchas ciudades de nuestro país cada fin de semana, en mayor o menor medida.

¿Quién asume el enorme gasto que supone, en términos de inversión pública, un despliegue de seguridad para proteger un espectáculo privado? La respuesta, por sorprendente que parezca, es sencilla: el Estado. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), en sintonía con una buena parte de la opinión pública, trata de impulsar un debate ya abierto sobre la necesidad de que los promotores de este tipo de eventos asuman proporcionalmente lo que les corresponda sobre los costes generados, pero la realidad es que, a día de la fecha, ha sido en vano.

UEFA, FIFA, RFEF, LFP, clubes de futbol, son sólo algunos de los lobbies que hacen de la celebración este tipo de eventos su agosto particular. Sus obras faraónicas en instalaciones deportivas, las cifras que rodean los contratos astronómicos que futbolistas, marcas deportivas, publicidad o patrocinios suscriben cada temporada, son titulares de informativos y medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, la ingente cantidad que supone el gasto en seguridad ocasionado semana tras semana, evento tras evento, es asumido por todos los ciudadanos.

Si bien es cierto que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado, sería racional pensar que no continúe sufragando de forma sistemática y unilateral este dispendio, máxime cuando la casi totalidad de los beneficios generados terminan en manos privadas.

Frente a la publicidad de la ciudad y la ocupación hotelera como principales intereses económicos para la comunidad, nos encontramos las restricciones de tráfico, las aglomeraciones en los lugares de ocio y una larga lista de trastornos que afectan a cuantos son ajenos a la celebración. Inconvenientes, en muchos casos, vinculados a la seguridad ciudadana y a los desórdenes públicos.

Por todos es conocida la salud de nuestra economía, como lo son las carencias de recursos que en muchos órdenes padece nuestra Policía Nacional: vehículos en mal estado, más de un 40% de los policías sin chalecos antibalas, comisarías y otras infraestructuras pendientes de acondicionamiento, falta de personal o de dinero para cubrir servicios, serían sólo una muestra de ese sinfín de necesidades.

Es el momento de afrontar este debate. El negocio de unos no puede lastrar las arcas públicas, las de todos. Un evento privado no debe convertirse, bajo el argumento de una rentabilidad turística inconcreta y coyuntural, en una prioridad colectiva. Los costes públicos de seguridad en un evento privado pueden y deben ser costeados por los organizadores, en forma de tasa y con la pauta legal que determine el legislador.

Esta fórmula no sólo protege el interés general y fomenta la corresponsabilidad en el gasto, sino que, además, puede proporcionar a la Administración la herramienta necesaria para dotar a los policías nacionales de los recursos económicos y materiales necesarios para ejercer su labor con mayores garantías de seguridad.