El Gobierno vasco denuncia que la UEFA y la Federación «han querido chantajear a Bilbao»

Desde Lakua aseguran que se ha hecho todo lo que se ha pedido y «se han cumplido todos los requisitos», pero el escollo sobre la asistencia de hinchas a los partidos ha sido insalvable. «La UEFA ha planteado y ha impuesto una condición que no estaba en los contratos en vigor, y lo ha hecho a última hora como consecuencia de la pandemia y de una necesidad de incorporar público a la instalaciones deportes», ha subrayado Zupiria. Al ver que Bilbao no solo no podía asegurar que se cumpliera con el 25% de asientos ocupados, sino que lo condicionaba al cumplimiento de unos marcadores sanitarios casi imposibles, la UEFA ha roto el acuerdo rubricado hace años, según el Gobierno vasco, de forma «unilateral».

Lo que ha dicho Zupiria va en la línea de lo que horas antes había apuntado el lehendakari, Iñigo Urkullu, ante los medios. «Es todo muy extraño», ha subrayado el jeltzale, que apunta a que detrás de todo puede haber otras razones: «Estamos ante la crónica de una decisión anunciada y no sé con cariz político». Y en este sentido ha indicado que ya la semana pasada se presentó a La Cartuja como sustituta de San Mamés con el apoyo de la Federación.

Desde el Gobierno vasco se responsabiliza de manera muy clara a la Federación Española de Fútbol y a su actual presidente, Luis Rubiales, de todo lo que estaba pasando y se apunta a que «nunca le gustó Bilbao como sede de la Euro2020». Las autoridades vascas insisten en presentarse como «serios, coherentes, profesionales y responsables» y achacan toda la responsabilidad de este fiasco a la otra parte, a la que además tachan de «irrespetuosa» por «adelantar» que la competición se iría a Sevilla antes de celebrar «ni una reunión oficial» con Bilbao.

La otra versión del asunto es que a quien nunca le gustó que Bilbao fuese sede de la Eurocopa es a parte del PNV, el partido gobernante en las tres instituciones ahora agraviadas. Ya en 2014, año en el que la ciudad logró la sede, tanto el entonces diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, como Iñigo Urkullu, se mostraron muy críticos con la cita deportiva porque implicaba la presencia de la selección española. Ellos apostaban por que fuese la vasca.

Sin embargo, el equipo de gobierno local, entonces liderado por Iñaki Azkuna, apostó sin reservas por el evento. El motivo era la enorme repercusión económica que reportaría a la ciudad tanto de manera directa (sobre todo en la hostelería) como a nivel de promoción. Esa fue la tesis que se impuso y las bendiciones económicas prevalecieron sobre el aparente agravio en términos simbólicos a ojos de parte del nacionalismo.

«Nosotros hemos actuado con seriedad y responsabilidad», ha insistido Zupiria, que justifica que esos requisitos para acoger público en San Mamés fueran tan estrictos al albor de los datos actuales. «Hoy no es posible saber cuál será la situación epidemiológica de Euskadi en junio», ha reconocido.

Sin embargo, desde el gabinete de Urkullu veían difícil cómo explicar «a los sanitarios, profesores y trabajadores esenciales» que se están dejando la piel en la lucha contra el virus «que íbamos a hacer una excepción con la UEFA y que en una situación sanitaria no adecuada permitiéramos la llegada de miles de personas y que esas personas ocuparan las calles de Bilbao como si no pasara nada». También a las diferentes federaciones deportivas, que han visto cómo se han suspendido competiciones a causa de la pandemia y que todavía ahora tienen que desarrollar los eventos en condiciones muy dífíciles.

«Estamos decepcionados», ha admitido Urkullu. «Habíamos hecho una apuesta y yo mismo como lehendakari me había manifestado ante la UEFA y la Federación Española». El jefe del Ejecutivo vasco ha reiterado que están estudiando la situación para ver si es posible presentar una demanda: «Existe un contrato que nos compromete a las organizaciones y a las instituciones». Ahora, este documento está en manos de los «servicios jurídicos del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao», ha precisado Zupiria.

«El objetivo es preservar la salud del público», ha insistido Urkullu sobre los criterios para que San Mamés acogiera público, al tiempo que también ha recordado que hay «suficientes ejemplos» en el resto del mundo sobre eventos aplazados por la pandemia o que se van a celebrar sin público por este motivo. «No sé cuales son las condiciones sanitarias que a día de hoy pueden proponer y prometer ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno español en relación a la presencia de público», ha denunciado el lehendakari. Y por ello, apela a una respuesta de los Ministerios de Sanidad y Cultura, recordando que ya se manifestaron cuando se propuso que hubiera asistencia en la final de Copa que jugó el Athletic contra la Real y que finalmente fue descartada.

La UEFA comunicó ayer formalmente a las instituciones vascas lo que no era ningún secreto. Sobre todo, después de que el Gobierno vasco impusiese medidas inalcanzables para que pudiera entrar público en San Mamés, una pretensión ésta que era innegociable para los gestores del fútbol continental. Hace más de una semana que todo el mundo daba por hecho que la competición no pisaría Euskadi, pero el Ayuntamiento se resistía a salirse de la oficialidad y parecía mantener cierta esperanza en que la realidad no estaba alterando la vieja hoja de ruta.

Eso, la esperanza, es lo que ayer se volatilizó. En un duro comunicado que firma la 'Sede Bilbao', de la que forman parte el Ayuntamiento, la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco, se informó a última hora de la tarde de que unas horas antes la UEFA había comunicado oficialmente a las instituciones vascas que «retira al estadio de San Mamés para la celebración de la Eurocopa 2020». Y lo hace, censuraron, de «forma unilateral». Así que puede haber consecuencias legales: «El contrato que nos une con la UEFA y con la RFEF y la comunicación oficial de la UEFA está ya en manos de los servicios jurídicos para su estudio y valoración».

De lo que se trata, además, es de evaluar «el resarcimiento de los importes invertidos hasta la fecha en la organización del evento, que se elevan a más de 1,2 millones de euros». Y no sólo eso, sino que se está pendiente de «la cuantificación de los daños y perjuicios posibles ocasionados por dicha decisión». Este jueves Urkullu ha dicho sobre la posibilidad de exigir compensaciones: «Estamos analizando los planteamientos y artículos del contrato suscrito y nos atendremos a ello». Aunque lo que todavía no tienen sobre la mesa es una estimación de las consecuencias económicas de la decisión.

El comunicado tiene un tono como de orgullo herido. Las instituciones, muy molestas, dicen que «no vamos a permitir que se ponga en duda la contrastada y larga experiencia y capacidad de las autoridades vascas para la gestión y organización de eventos de alcance internacional». En una especie de reivindicación de los valores locales, defienden «el estilo vasco de hacer las cosas: la seriedad, la coherencia, la profesionalidad y la responsabilidad». Aseguran, además, que «hemos cumplido al 100%» con los compromisos asumidos y que «el evento estaba preparado». Es más, hasta la pasada semana se ha estado trabajando en ello.

El problema para Bilbao ha llegado con la pandemia, un ingrediente más para sumar dramatismo a un cóctel que ya mezclaba fútbol y política. En 2020 la competición se canceló por la situación sanitaria y se pospuso hasta 2021. A esto se refiere el comunicado de las administraciones vascas para recordar que ahora estamos en «la misma o parecida situación de salud pública» que entonces. Y eso es lo que han tenido en consideración a la hora de imponer las limitaciones de público.

Esas limitaciones, como queda dicho, imposibilitan de facto la entrada de aficionados, porque para abrir las puertas con el 25% de aforo, el Gobierno vasco -competente en el asunto- exigía una situación epidemiológica imposible de lograr en menos de dos meses: una tasa de incidencia inferior a 40 casos en Euskadi y España (ahora son 521 y 229, respectivamente); que el número de vacunados esté por encima del 60% (las previsiones más optimistas del Ejecutivo central apuntan a que en septiembre se alcanzará el 70%); que la situación de los hospitales fuese excelente...

Es objeto de controversia el motivo de que se hayan requerido semejantes exigencias para un evento al aire libre, toda vez que no se piden ahora, ni remotamente, para eventos en lugares cerrados. La versión oficial es que esta actitud responde a una gestión prudente de la pandemia. Lo que sospecha la oposición política y parte del mundo del fútbol es que, una vez que la Eurocopa no va a reportar los beneficios económicos esperados, la balanza ha cambiado de posición y ciertos sectores del PNV ya no verían justificado el trago de que la selección española jugase como local en San Mamés.

Pero en el comunicado de ayer las instituciones vascas endosan toda la responsabilidad a la UEFA y a la Federación Española. Incluso cuestionan las formas, el hecho de no haber hablado con el alcalde «desde hace varias semanas» e incluso de haber maquinado «a espaldas de la Sede Bilbao para defender otra sede y otros intereses», en relación a la previsible mudanza a La Cartuja. Las conversaciones de última hora debieron ser tensas porque desde Euskadi advierten: «No aceptaremos amenazas, ni agravios, ni menosprecios y, mucho menos, saltarse las normas que rigen, en estos momentos, las medidas para prevenir la salud de nuestros conciudadanos».