Banderas, cánticos y protocolos humillantes
Se han producido sucesos, relacionados con el fútbol que plantean el difícil discernimiento entre el legítimo derecho a la libertad de expresión y el traspaso de esa delgada línea que nos sitúa en el orden de los comportamientos, individuales o colectivos, merecedores de sanción
En las últimas fechas hemos vivido o tenido conocimiento de distintos sucesos, acaecidos con motivo de partidos de fútbol, que tienen todos ellos en común y plantean el difícil discernimiento entre el legítimo derecho a la libertad de expresión y el traspaso de esa delgada línea que nos sitúa en el orden de los comportamientos, individuales o colectivos, merecedores de sanción, sea deportiva, administrativa o incluso penal. Para completar el abanico de conductas en el disparadero, están algunas de responsables deportivos. Vayamos por partes.
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Banderas. En el campo de El Sadar, en el Osasuna-Mallorca, el servicio de seguridad decide retirar ikurriñas a seguidores rojillos. El club dice desconocer las razones y anuncia una investigación. En el Elche-Osasuna las fuerzas del orden confiscan banderas de Navarra. Y en el desplazamiento copero a Valencia aficionados del Athletic ven asimismo requisadas ikurriñas antes de entrar al campo.
Se trata de actuaciones de la autoridad carentes de soporte legal, pues la normativa de aplicación (Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte) prohíbe el «exhibir pancartas, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia o al terrorismo, o que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante». Obviamente, la introducción o exhibición de banderas oficiales del estado español no puede conllevar esa consideración. Tampoco de cualquier enseña no oficial que no lleve consigo tales mensajes que inciten a la violencia o la intolerancia. Aunque los preceptos se abran a la concreta interpretación, las fuerzas de seguridad, y en menor medida las privadas contratadas por los clubes, no pueden restringir la libertad de expresión sin una justificación de orden público que no alcanza a entenderse en los casos descritos.
Cánticos. La Liga denuncia que «unos 4.000 aficionados» del Athletic profirieron cánticos con insultos hacia Vinicius y el Real Madrid en el reciente partido liguero, si bien añade que fueron reprobados por otros seguidores locales. Aun no apreciándose contenido racista ni gravedad en los improperios, se trata de una acción sancionable por la reglamentación, de lo que debería tomar nota el club y la propia Grada de animación. Llueve sobre mojado.
Pocos días después, en el partido de Copa, el autobús del Athletic es recibido en Mestalla por una multitud que canta: «puto vasco el que no vote es» (visto y escuchado en vídeos de amplia difusión). Desconocemos las actuaciones emprendidas por la RFEF (organizadora de la competición) en atención a lo previsto en la citada Ley, que dispone la sanción por la entonación de cánticos, también en los aledaños de los recintos deportivos, «que inciten a la violencia, o que constituyan manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo». Incluso en el ámbito penal se prevén los delitos de odio (artículo 510 Código Penal) para quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por motivo, entre otros, de su origen nacional, particularmente en el caso de minorías. Ahí lo dejamos. Para ajenos y también para los propios, siempre desde el deseable mismo rasero.
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Finalmente, al hilo de comportamientos reprochables, hemos de mencionar lo ocurrido en la final de la Supercopa femenina, donde la Federación Española despreció, con posteriores excusas protocolarias absurdas, a las jugadoras de Barcelona y Real Sociedad, que tuvieron que recoger ellas mismas sus medallas, a pie de campo y de una caja, porque el señor Rubiales no tuvo a bien bajar a entregarlas. Y ello a diferencia de lo que días antes sí hizo, acompañado de los jeques árabes financiadores del evento, en la Supercopa masculina. Bochornoso. Clara discriminación sufrida por las deportistas, que quizás escondía la intención de evitar posibles desplantes por el conflicto latente en el seno de la selección española femenina. Habrá que recordar al presidente federativo que ello va en su (suculento) sueldo. Me temo que aquí la única sanción va a ser el sonrojo público. No debería ser poco.
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