El lío por la lista de compensación se resolverá con los contratos vencidos

El fútbol femenino no gana este 2020 para culebrones. Después del que duró año y medio y que terminó en febrero con la firma del primer convenio colectivo, se ha unido la lucha por alcanzar la categoría profesional, que se ha visto reflejada con peticiones hasta en el Congreso, y con un paso en falso de la Federación Española, que declaró hace unos días a la Primera Iberdrola y a la segunda categoría nacional competiciones «profesionalizadas», lo que en realidad no cambia nada.

A todo ello se suma la demanda interpuesta por el sindicato Futbolistas ON contra la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), por la lista de compensación incluida en el convenio colectivo, la que consideran «abusiva» en las formas y en el fondo. Esta afecta a 17 jugadoras de la máxima división, menores de 23 años, que finalizan el contrato con sus respectivos clubes. Entre ellas las futbolistas del Athletic Damaris Egurrola y Maite Oroz, quienes ya han confirmado que abandonará el club rojiblanco pasado el 30 de junio. Pese a que todas se irán libres, las entidades que decidan ficharlas deberán abonar entre los 10.000 y los 500.000 euros, dependiendo de la cantidad que se ha estipulado para cada una.

Una denuncia que ha terminado en la Audiencia Nacional, donde este miércoles estaba previsto que se realizara un acto de conciliación y, en el caso de no llegar a un acuerdo 'amistoso', un juicio. Pero todo ello se ha visto retrasado un mes, al próximo 17 de julio, debido a un error burocrático. «El día antes nos comunicaron a través de una llamada telefónica que no se habían cumplido los plazos de notificaciones con el Athletic y el Barcelona. Aún así, nosotros nos hemos personado», explicaba la gerente de Futbolistas ON, resaltando que ninguna de las otras partes había acudido al encuentro. «No hemos podido tratar de hablar ni de negociar algo para que estas 17 jugadoras puedan estar libres».

El que sí estuvo presente fue el representante de Damaris Egurrola, su padre, quien desveló en marzo en una entrevista radiofónica que el futuro cercano de su hija estaba lejos de Lezama, afirmando entonces su malestar por la cantidad exigida como compensación por los derechos de formación. En su caso, al igual que en el de Maite Oroz, asciende a los 250.000 euros. Este acudió junto al agente de otra de las que aparece en la lista, la jugadora del Levante Eva Navarro, por la que se pide lo máximo, 500.000 euros.

Desde Futbolistas ON declaran sentirse «decepcionados», y reclaman nuevamente la anulación de la cláusula, la que ha sido señalaba por el sindicato mundial de futbolistas FIFPro como «contraproducente». «Es una cláusula encubierta que en realidad no responde a los derechos de formación«, denuncia Tamara Ramos. »Con ella las jugadoras no son dueñas de su propio destino ni de su futuro«, añade, destacando que las propias futbolistas sienten una gran »impotencia«. »Han cumplido su contrato y ahora se encuentran con que, a raíz de la firma del convenio colectivo, otros clubes tienen que pagar esas cantidades. La sensación es de rabia e injusticia«.

Lamentan que el otro sindicato, AFE, no se encuentre de su lado y no apoye la reclamación, «deberíamos estar unidos luchando por lo mismo, los derechos de las futbolistas», pero confían en que la Audiencia Nacional se pronuncie a su favor. «Tenemos cuatro argumentos en la demanda muy potentes y se cae de maduro porque es incoherente lo que está pasando», sostienen. Entre otras cosas pretenden que sea declarada nula por graves defectos, como un desfase en las fechas que la dejarían fuera de plazo.

Curiosamente esas cantidades que se piden solo deberían abonarse en el caso de que alguna jugadora afectada decidiera continuar su carrera en España, lo que parece indicar que Damaris Egurrola seguirá en la Primera Iberdrola. Y es que como aseguran desde Futbolistas ON, este conflicto, que ha llegado hasta los tribunales al no haber logrado un consenso previo, está paralizando la salida de algunas a otros clubes nacionales. «Hay varios que están esperando una solución para poder ficharlas». Y esta no llegará hasta que no estén los contratos vencidos, lo que ocurrirá el próximo 30 de junio.

El agente de Navarro, José Manuel Espejo, destaca que el principal argumento contra la lista de compensación es que «no se puede modificar algo que ya está firmado». Su representada firmó en el verano de 2018 un contrato con el Levante por dos años, con una cláusula de rescisión de 50.000 euros. Ahora el club pide por ella 500.000, en concepto de compensación. Una cifra desorbitada para el fútbol femenino, que viene por una cláusula «que ha sido impuesta de manera unilateral». «No se puede introducir nada en el contrato sin el consentimiento de la otra parte. Están vulnerando su derecho a decidir».

AFE, por su parte, se opone a la postura de Futbolistas ON y remarca que la anulación de ese artículo podría suponer la anulación de todo el convenio colectivo. El texto, que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece que si la jurisdicción laboral declara nula o inválida alguna de las cláusulas pactadas, quedará sin efecto la totalidad del convenio, que deberá ser negociado de nuevo íntegramente. Lo que resulta curioso es que nadie se diera cuenta de lo abusivo de esas cantidades antes de la firma, después de innumerables reuniones a todos los niveles.