La Audiencia Nacional revisa la validez de la lista de compensación
Tras el juicio de este jueves, la resolución no se conocerá al menos hasta la próxima semana
«Con muy buena sensaciones». Así es como la exrojiblanca Damaris Egurrola ha confesado a este periódico salir del juicio que este jueves se celebró en la Audiencia Nacional, donde todas las partes implicadas (sindicatos, clubes y representantes de las afectadas) expusieron sus argumentos sobre la polémica lista de compensación.
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Una cláusula que aparece en el convenio firmado en el mes de febrero y que mantiene congelado el futuro de varias jóvenes futbolistas, entre ellas la excentrocampista del Athletic, presente en el acto. Una norma que solicita una compensación por la formación de las menores de 23 años que terminaron contrato con sus clubes el pasado 30 de junio, y en la que las entidades de origen piden para su fichaje cantidades que van desde los 10.000 a los 500.000 euros.
La resolución no se conocerá al menos hasta la próxima semana. El sindicato Futbolistas ON pide su anulación por varios defectos de forma, alegando además que las cifras que han marcado libremente los clubes son «abusivas». Asimismo niegan que su cancelación anule todo el convenio, como aseguran tajantemente desde el otro sindicato, AFE, que defiende el artículo pero es consciente de que sería necesario fijar unos baremos para su mejor aplicación.
Muchas de las 17 jugadoras afectadas han preferido renovar ya con sus clubes. Maite Oroz en cambio ha sido presentada este lunes como jugadora del Real Madrid, entidad a la que el Athletic le reclama 250.000 euros por esta cláusula, la misma cantidad que ha fijado para Damaris.
El club rojiblanco defiende la norma y la puesta en valor de la formación en las canteras, resaltando que «si en el fútbol femenino no se ponen ciertos límites se caerá en los vicios del masculino», en el que las entidades con mucho dinero se dedican a comprar jugadores de otros equipos desmantelándolos.
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Las propias futbolistas defienden los derechos de formación pero solicitan que las cantidades reclamadas sean «racionales y no desorbitadas», para poder elegir libremente su futuro sin estar condicionadas.
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