Toda esa gente que sobra

Desde el inicio las autoridades alemanas se volcaron en librarse de los millones de trabajadores forzosos varados lejos de su tierra a los que se atribuía, sin ninguna base empírica, el latrocinio en la durísima posguerra. Lo resumía un oficial estadounidense: «Los americanos roban aguardiente y souvenirs transportables como armas, aparatos de fotografía, catalejos, joyas, plata etc. Los alemanes roban cuanto encuentran, porque en las tiendas no hay nada que comprar. Los trabajadores extranjeros se limitan a alimentos y ropas, a lo que necesitan para vivir, pero pasan por ser los verdaderos malhechores». En todo caso eran los más vulnerables: decenas de miles entre ellos requerían cuidados permanentes, lo que, «si recordamos que en su día fueron deportados por su capacidad de trabajo y salud, pone de manifiesto las condiciones reales del trabajo forzado».

Tampoco los sintis y romaníes que permanecieron en el país pudieron recuperar la nacionalidad arrebatada, lo que les privaba de acceder a prestaciones. Se les negaba y hasta retiraba el empadronamiento y se los confinaba en alojamientos insalubres que los invitaran a marcharse. Leer las directrices de cargos políticos y policiales democráticos sobre los «gitanos» produce hoy sonrojo, aunque ni mucho menos queda tan lejos.

Los tribunales de la RFA ratificaron expresamente las leyes nazis para perseguir la «homosexualidad», «lo que en concreto no sólo supuso elevadas penas, sino también perpetuar la criminalización de tocamientos puntuales, besos o miradas». Se condenó a 61.000 personas sólo entre 1945 y 1969; la ley que tipificaba como delito estas conductas no fue abolida definitivamente hasta 1994. «En una sociedad en la que hasta besarse en el propio domicilio podía ser objeto de castigo, las inmensas cifras no se deben sólo al entusiasmo por las redadas de antiguos nazis, sino también al afán denunciatorio de vecinos y colegas». Hubo sin duda resistencias, pero conllevaban riesgos. Un juez de Berlín anuló una pena de prisión y la sustituyó por una multa de 5 marcos; él sería condenado a un año de cárcel por la misma causa. El fiscal judío Botho Laserstein, cuya familia fue asesinada por los nazis, abogó por despenalizar las relaciones homosexuales: fue despedido y se quitó la vida. En 2017 se anularon las condenas posteriores a 1945 y se creó un fondo de compensación: 3000€ por condena y 1500€ por año de cárcel. Pocos se han acogido a él: la mayoría por estar muertos o enfermos, otros por dignidad.

Las castraciones de «homosexuales» durante el nazismo se juzgaban «conforme a Derecho» si formaban parte de la condena. Las hubo también «voluntarias», asumidas para evitar males mayores. Otto Giering fue castrado en el campo de concentración de Sachsenhausen; en 1968 se le reconoció una pensión por daños, aunque de baja cuantía, ya que su conducta habría provocado «en grado considerable» la medida. El tribunal se permitió estimar también que, si entretanto no había reincidido, era justamente gracias a su emasculación.

Tampoco se reconoció el derecho a indemnización de víctimas de experimentos médicos, ni de las 400.000 personas esterilizadas forzosamente: aún en 1962, el Tribunal Federal de Justicia refrendó la legalidad de tales intervenciones. También EEUU seguía practicando esterilizaciones forzosas por esas fechas.

Las iniciativas para la reparación y la memoria partieron casi en exclusiva de los propios perseguidos, y fueron gradualmente asumidas ante todo por razones de prestigio internacional. Hoy la Alemania reunificada se jacta de ser la «campeona de la memoria histórica», pero todo el despliegue actual al respecto hubo de ser ganado en décadas de lucha; numerosas discriminaciones no cesaron en 1945 ni bajo un régimen de libertades. Ninguna cohesión social puede basarse en la exclusión del estigmatizado como extraño, y urge actualizar la alerta contra toda apelación a «proteger nuestras costumbres» de la supuesta amenaza de los diferentes.