El Reino Unido veta la reventa inflada de entradas tras la presión de grandes artistas

La ministra de Cultura, Lisa Nandy, ha explicado que el equipo ministerial ha comprobado esta misma semana cómo algunas plataformas ofrecían accesos para conciertos de Radiohead a once veces su coste real, o localidades para el Mundial de Dardos que llegaban a multiplicarse por quince. Con la nueva regulación, la Autoridad de Competencia y Mercados tendrá la capacidad de sancionar a estas empresas con multas de hasta el 10% de su facturación global, con independencia del país donde tengan su sede.

Aunque la medida formaba parte del programa electoral laborista, el Gobierno no la había activado desde su llegada al poder hace quince meses. Escándalos recientes, como la reventa de entradas para la vuelta de Oasis con precios que rozaron los 5.000 euros, han acelerado el proceso. El plan, adelantado por la BBC y que aún debe pasar por el Parlamento, también limita los gastos de gestión y obliga a las plataformas a garantizar que las condiciones se respeten.

El Ejecutivo calcula que las entradas revendidas suelen encarecerse al menos un 50% respecto al precio original, con picos mucho más altos, y que la nueva normativa podría reducir el coste medio de reventa en unas 37 libras (unos 42 euros). La prohibición afectará a conciertos, eventos deportivos, obras de teatro y cualquier espectáculo en vivo. Se permitirá, eso sí, que una persona revenda una entrada que no vaya a usar, pero nunca por encima de su importe inicial, salvo los gastos administrativos permitidos. Además, no se podrá revender un número mayor de entradas del que alguien haya podido adquirir en la venta oficial.

El Gobierno justifica la intervención por el impacto económico que esta práctica tiene tanto en los consumidores como en los promotores, además del creciente número de fraudes: desde tickets inexistentes hasta vendedores que colocan entradas que aún no poseen, con la expectativa de conseguirlas más tarde a un precio más bajo.

Las grandes plataformas de reventa, como Viagogo o StubHub, han tratado de presionar a Downing Street para rebajar la firmeza del plan. Alegan que una regulación tan estricta empujará a los aficionados hacia mercados completamente ilegales, que —según argumentan— son más difíciles de controlar.

Mientras tanto, España avanza en una línea similar. La futura Ley de Consumo Sostenible, aún en tramitación, prevé prohibir la reventa online que supere el incremento del IPC. Ya está vetado utilizar bots para comprar entradas de forma masiva y revenderlas después, pero hoy por hoy la reventa digital a precio inflado sigue siendo legal.

Keir Starmer resumió la intención del Gobierno en un mensaje dirigido a los ciudadanos: el objetivo es que cualquier persona pueda acceder a un concierto o un partido «sin pagar el sobreprecio del revendedor, un dinero que muchas familias necesitan para la compra semanal o las facturas».