Triunfo legal, derrota moral

Esta semana el Museo Thyssen ha sacado pecho y ha proclamado 'urbi et orbi' que el cuadro de Pissarro expoliado por los nazis a la familia Cassirer se quedará en Madrid. Pues es posible, ya que lo último en este largo pleito es la decisión de un tribunal de California, que confirma la competencia de la jurisdicción española para solventar la reclamación de los Cassirer. Según los tribunales españoles, el Thyssen es el propietario legítimo del cuadro por su posesión continuada.

Salvo recursos posteriores, el museo tiene de momento la razón jurídica pero no la razón moral. Es más, el comportamiento ético del Thyssen y del Estado español en este asunto ha sido deplorable. Al finalizar la II Guerra Mundial, el gobierno alemán concedió a los Cassirer -como a otras muchas familias judías expoliadas- una indemnización más bien simbólica por una obra entonces en paradero desconocido. A lo largo del pleito, el museo ha invocado esa indemnización como razón de un precedente que compensaba a la familia, sabiendo que el valor del cuadro era muy superior a aquella cifra.

Incluso, aunque se aceptara la buena fe del barón Thyssen al adquirir el cuadro en 1976, ya no es solo -como reconoció un juez norteamericano- que la obra tenía en su reverso una etiqueta con el nombre de 'Cassirer', sino que además el comprador tenía medios suficientes para verificar su origen. El proceder del Museo Thyssen demuestra una vez más la falta de una política clara del Estado sobre el expolio nazi. Que el Reina Sofía o el Museo de Pontevedra atendieran hace años reclamaciones más o menos similares sin esgrimir la usucapión que ahora se alega en el caso del 'pisarro' refleja ambigüedad y falta de criterio, algo también corroborado por el hecho de que el Gobierno español firmó en 2009 pero no cumple la Declaración de Terezín, que buscaba acelerar el proceso de devolución de las obras expoliadas. Saque pecho el Museo Thyssen por su victoria jurídica, en fin, pero avergüéncese por la elusión reprobable de su responsabilidad moral.

Los riesgos generados por la Inteligencia Artificial (IA) se combaten con la misma inteligencia tecnológica. Véase, por ejemplo, la reacción surgida en el ámbito de la creación cultural como defensa ante una IA que puede piratear sin contrapartida económica. Lo digo porque ya han empezado a desarrollarse programas para bloquear y despistar al software de la IA generativa, es decir, a los modelos que recogen masivamente sonidos, imágenes o textos sin autorización explícita. Es el caso del programa Glaze, que añade marcas y agrega píxeles, imperceptibles al ojo humano, aunque capaces de interrumpir el trabajo de la IA. A pesar de que los gigantes de la Inteligencia Artificial están llegando a acuerdos para garantizar los derechos de uso de ciertos contenidos, los programas defensivos previenen contra su mal uso. El software de Glaze no es la única iniciativa en la materia, porque están apareciendo rastreadores, programas para evitar los 'deepfakes' y hasta distorsionadores de imagen y sonido. Pues eso, que a los desmanes tecnológicos de la IA se les combate con su misma cicuta tecnológica.

En estos tiempos azarosos parece que la identidad sexual de cada uno debe de ser obligatoriamente conocida o explícitamente declarada. Mucho más cuando se trata de artistas sobre los que recae una curiosidad morbosa o el repugnante chismorreo. Ha ocurrido con una columna de opinión de 'The New York Times', en la que se apunta que la superestrella del pop Taylor Swift era lesbiana y miembro de la comunidad LGTB, algo que según la opinadora, Anna Marks, se certificaba en varios hechos de su biografía. Al margen de una columna que generó escándalo y fue calificada por muchos lectores como una «intromisión inexacta e inapropiada», el problema de fondo no es otro que la manía social de asignar o autoasignar roles, expectativas y características a cada identidad sexual. Estúpida tendencia, absurda inclinación.

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