El canon a los pisos vacíos empezará con 10 euros al año por metro cuadrado para forzar su alquiler

Según el Observatorio Vasco de Vivienda, en Bilbao hay 2.538 pisos vacíos desde hace más de dos años, el 1,6% del parque residencial de la ciudad./Sergio Marcos
Según el Observatorio Vasco de Vivienda, en Bilbao hay 2.538 pisos vacíos desde hace más de dos años, el 1,6% del parque residencial de la ciudad. / Sergio Marcos

El Gobierno revela que en el País Vasco hay 20.840 viviendas que podrían ser objeto de este recargo, casi la mitad en Bizkaia y un 18% en Álava

JOSÉ DOMÍNGUEZBILBAO

El canon a los pisos vacíos que contempla la Ley Vasca de Vivienda, y que acaba de recibir el aval del Tribunal Constitucional con lo que ya puede echar a andar, podría aplicarse hoy a 20.840 inmuebles, el 2% del parque residencial vasco. Casi la mitad están ubicados en Bizkaia y en torno a un 18% en Álava. El resto pertenecen a Gipuzkoa.

Ese es el número de casas que llevan dos años desocupadas según un estudio del Gobierno vasco, el primero que se hace desde la aprobación de la normativa autonómica en 2015 -antes de que fuera impugnada y llevada al Constitucional-. El consejero socialista de Medio Ambiente y Vivienda, Iñaki Arriola, advirtió ayer que, si finalmente se les impone este recargo, las consecuencias para el bolsillo del dueño serán contundentes: «Diez euros por metro cuadrado al año o, lo que es lo mismo, 800 euros por un piso de 80 metros».

Además, esa será la mínima sanción, ya que se aplica sólo al primer ejercicio. A partir de ahí, si el propietario no le da una ocupación o un alquiler, la cuantía crecerá a un ritmo del 10% anual hasta un tope de 30 euros por metro cuadrado, según refleja la propia normativa autonómica. Y eso sin olvidar que esta penalización será compatible con otras como el aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles que ya aplican a la vivienda vacía bastantes municipios.

Arriola mostró ayer su confianza en que la recuperación de este artículo de la Ley Vasca de 2015, que había sido suspendido cautelarmente tras un recurso del Gobierno central, provoque una movilización desconocida hasta ahora de los pisos vacíos hacia el alquiler protegido. No obstante, adelantó que las primeras aplicaciones todavía tardarán en llegar, «al menos hasta el segundo semestre del año que viene». Y su ritmo dependerá de la implicación de los ayuntamientos, «que son quienes tienen la competencia» para imponer tanto este canon como las otras prerrogativas que ha autorizado el Tribunal Constitucional: la posibilidad de exigir el alquiler forzoso de un piso vacío o llegar incluso a su expropiación.

LAS CLAVES

Función social
El argumento base por el que el Gobierno aplicará el canon será la función social que no cumple la vivienda que permanece deshabitada a pesar de que en Etxebide 55.531 vascos piden un piso protegido.
Incidencia por provincias
Aunque casi la mitad estén en Bizkaia, destaca que en Álava es donde el porcentaje de inmuebles vacíos es más alto: el 3,9% del parque total frente al 3,4 guipuzcoano y el 3% vizcaíno.
Dimensiones
Según el propio estudio del Gobierno vasco, el 44,7% de los pisos vacíos detectados tiene entre 75 y 99 metros cuadrados y un 38,1% entre 51 y 74.

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Aplicación en nueve meses

Es más, el consejero socialista redujo al máximo la participación de su departamento en este tipo de procedimientos en favor de los municipios. «Sólo intervendríamos con carácter subsidiario» si se detecta una necesidad social «evidente de vivienda y la institución local correspondiente no hiciese nada por sacar al mercado los inmuebles desocupados», subrayó.

La razón de esta demora radica, a su juicio, en el propio desarrollo normativo que deben superar los artículos rehabilitados. Harán falta al menos unos nueve meses para completar todos esos procedimientos administrativos «y será entonces cuando los ayuntamientos podrán elaborar sus propios censos locales».

A partir de ahí, se iniciarán los expedientes municipales para declarar la vivienda vacía en virtud de «los términos previstos» en la normativa. Quedan exentas las segundas residencias, las que estén en venta o aquellas donde se acredite la ausencia por razones laborales, de salud, dependencia o emergencia social. Se deberá demostrar que el piso lleva dos años desocupado mediante diversas fórmulas, entre ellas el consumo de agua y electricidad. Arriola insistió en que el procedimiento será «absolutamente garantista y se le dará audiencia a los dueños para que demuestren que su casa no está desocupada si es así».

Sólo uno de cada tres inmuebles está en buenas condiciones

El informe elaborado por el Observatorio Vasco de Vivienda contabiliza que, además de 20.840 pisos desocupados desde hace dos años, en Euskadi también hay 13.626 «vacíos al menos seis meses por ejercicio». Sobre estos, Iñaki Arriola reconoció que no se podría aplicar el canon o el alquiler forzoso, pero sí «programas de dinamización» del propio Ejecutivo autónomo para promover el alquiler protegido. Es el caso de Bizigune, que ya gestiona 4.900 inmuebles privados.

Los problemas que plantean estas 34.466 viviendas vacías, sin embargo, son variados. Entre otras cosas, porque su número disminuye según aumenta la población de los municipios y la demanda residencial. En los menores de 2.500 habitantes llega a ser el 7,5% del parque total, pero en los de más de 40.000 baja al 2,6% y en las capitales, al 1,8%.

Por otra parte, sólo en una de cada tres casas se podría a entrar a vivir de inmediato. De ellas 4.757 se ubican en Gipuzkoa, 4.442 en Bizkaia y 3.806 en Álava. Otro 26,6% requerirían pequeñas reformas para ser alquiladas y un 16,8% una rehabilitación integral. Para estas, el consejero aseguró que el departamento contempla ayudas públicas. Una supone adelantar el dinero de la obra a realizar, con un máximo de 18.000 euros, que luego se descuenta a plazos y sin intereses del alquiler que se le abona al propietario. El otro será una ayuda específica para la rehabilitación, que se dará a partir del año que viene y que incluye hasta 3.000 euros a fondo perdido si destinan su casa durante seis años a un alquiler protegido de 350 euros.

 

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