El Tribunal Superior tacha de «ilegal» el Mercadona de Miribilla y ordena su derribo

El fallo, no obstante, supone una contundente victoria judicial (la segunda, tras la anulación de la modificación del Plan General que dio origen a esta polémica operación urbanística) para la empresa Centro Comercial Miribilla XXI, la propietaria de una gran superficie ubicada a 300 metros del supermercado y en la que desarrolla su actidad como inquilina Eroski. Este detalle es importante porque la demandante ingresa una renta variable en función de la facturación de la marca de distribución vasca. Así se dice en la sentencia. Por este motivo, el posible cierre de Mercadona le proporcionaría mayores ingresos.

El origen de este pleito se remonta a 2014, cuando la ikastola Urretxindorra y Mercadona se aliaron para ampliar el centro educativo y posibilitar la apertura del segundo supermercado de la familia Roig en Bilbao. Con el dinero percibido por la empresa, el centro finciaría la mejora de sus instalaciones. Para ello, ambas partes necesitaban que el Consistorio modificara el planeamiento urbanístico, permitiendo el uso comercial y aumentando la edificabilidad de la parcela.

Algo a lo que el Ayuntamiento accedió, al entender que se preservaba el interés general, ya que «facilitaba el acceso a la educación». El caso fue objeto de un primer pleito en el que el centro comercial de Miribilla recurrió ese cambio en el PGOU. El TSJPV no pudo ser entonces más contundente: reprochó al Consistorio de Bilbao haber realizado un urbanismo «a la carta» para «satisfacer intereses privados». Por este motivo, anuló aquella decisión.

Sin embargo, para cuando el fallo devino en firme, el área de Urbanismo ya había concedido la licencia de obras y el supermercado era una realidad. Centro Comercial Miribilla XXI impugnó entonces esa autorización y exigió el derribo de la gran superficie de la familia Roig.

Y eso es ahora lo que los jueces han sentenciado. Dan la razón a la empresa que tiene de inquilina a Eroski. Y lo hace después de rechazar los recursos de Mercadona, Ayuntamiento e ikastola, a los que condena en costas. Los magistrados del TSJPV consideran que la licencia no se ajusta a derecho porque procede de un cambio urbanístico que atentaba precisamente contra la legalidad.

Este segundo asalto de la batalla legal ha tenido incluso cierto juego 'subterráneo', puesto que el Ayuntamiento intentó que la Autoridad Vasca de la Competencia analizara la actuación del centro comercial de Miribilla, acusándole de «obedecer a un interés espurio de impedir la libre competencia de Mercadona».El TSJPV rechaza este planteamiento y concluye que la empresa solo intenta «preservar la seguridad de su contrato de arrendamiento (con Eroski), ya que no es ella misma una operadora». Además, reconoce su legitimidad para ejercer la acción pública ya que viene a decir que no importan el interés del acto que recurre este tipo de cambios urbanísticos, sino que lo relevante es que su propósito final sea «restituir la legalidad».

Vista la sentencia, el Ayuntamiento se ha limitado a señalar que «aún queda recorrido judicial por delante». Mercadona, por su parte, insiste también en que la sentencia está recurrida y subraya que el Plan General ahora vigente sí contempla un uso apto para la actividad del supermercado. «Estamos tranquilos en ese sentido», aseguran.«La anulación de la licencia de obras conlleva necesariamente, como medida de restablecimiento de la legalidad, el derribo de lo construido a su amparo», concluye la sentencia.