Varapalo judicial a la Diputación por obligar a hacer la declaración de la renta por internet
El Tribunal Superior vasco defiende el derecho de los contribuyentes a disponer de una atención en persona
El Tribunal Superior vasco defiende el derecho de los contribuyentes a disponer de una atención en personabilbao. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha determinado que no se puede obligar a los contribuyentes a presentar la declaración anual de renta, la liquidación del IRPF que se realiza cada primavera, a través de internet. Los jueces han dado la razón a una contribuyente que presentó una demanda por la vía de lo Contencioso-Administrativo, para exigir que se declarase nulo el reglamento del IRPF de Bizkaia que establece como obligatorio el uso de la sede electrónica para realizar esa liquidación. Es decir, que todo el trámite se complete por internet. La Diputación vizcaína ya ha mostrado su discrepancia con el sentido de la sentencia, al tiempo que ha anticipado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.
Este tema fue especialmente polémico en la última declaración del IRPF, en la primavera del año pasado, ya que la Hacienda de Bizkaia implantó un nuevo sistema de declaración que solo se podía cumplimentar a través de una página web. El enlace de internet estaba, además, repleto de fallos y errores que los técnicos forales tardaron algo más de un mes en solucionar por completo. Junto a ello, la Hacienda foral restringió al máximo la posibilidad de una atención presencial a los contribuyentes en sus oficinas, además de haber cancelado los convenios que se habían mantenido en años anteriores con entidades bancarias. La situación generó un buen número de protestas, ya que al desastroso funcionamiento de la página web para hacer la declaración se sumó la saturación del servicio de atención telefónica.
Tras la sentencia y aunque ya ha anunciado la posibilidad del recurso ante el Tribunal Supremo -lo hizo este sábado mismo con una nota de prensa-, la Hacienda de Bizkaia ha adelantado que en la próxima campaña de renta, que se iniciará en los próximos meses, los contribuyentes podrán elegir entre presentar la declaración en la sede electrónica -internet- o bien de forma presencial en las oficinas forales e incluso mediante un canal telefónico.
El sistema usado en 2021 estuvo repleto de fallos y errores que obligaron a pedir perdón
Hacienda ha anunciado que este año recuperará la atención en sus oficinas y por vía telefónica
La Diputación ya ha anunciado que discrepa de la sentencia y que recurrirá al Supremo
Brecha digital
El varapalo que el Tribunal Superior vasco da a la Diputación tiene como base la llamada Ley de Administración Electrónica, según la cual se establece que debe existir un canal de comunicación con las instituciones mediante sistemas informáticos. La normativa hace, según fuentes judiciales, un aparte para subrayar que la vía online no puede ser la única que sustente la relación entre ciudadano y Administración. Es a ese precepto al que se ha agarrado la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior para tumbar el proyecto de Hacienda y dar la razón a la denunciante. La Sala que preside la magistrada Ana Isabel Rodrigo entiende, en una sentencia que se comunicó el viernes a las partes y que se hará pública mañana, que debe prevalecer el derecho de los ciudadanos a tener canales accesibles para ser atendidos por las instituciones. Entiende, según explican fuentes judiciales, que hay un nicho importante de ciudadanos que no tienen acceso a la tecnología informática para poder ser atendidos. De hecho, el año pasado, según datos de Hacienda, más de 120.000 contribuyentes tuvieron que pedir ayuda para que un familiar o amigo le cumplimentara la declaración anual de la renta.
Pero la resolución no solo alude a la presentación de los documentos, sino que también ha invalidado el reglamento del IRPF en relación con las notificaciones que habían quedado restringidas para la sede electrónica. Los jueces vascos han determinado que debe existir una notificación en papel a los contribuyentes. Por el mismo motivo: la imposibilidad de muchos ciudadanos de utilizar la tecnología necesaria para estos trámites.
La sentencia, en su conjunto, viene a incidir en un problema que se ha generalizado en los últimos años y que no afecta sólo a la Administración sino también a otros sectores de actividad, como es el caso de la banca. Esto es, la brecha que está generando en la sociedad la extensión del modelo digital y la decisión de algunas empresas e instituciones de restringir sus canales de comunicación a internet. Un fenómeno que se ha convertido en una auténtica barrera para una parte de la población, en especial las personas más mayores, que no han podido acceder a una formación digital.
La sentencia emitida en el Palacio de Justicia de Bilbao abre, en este sentido, una puerta a la presentación de reclamaciones para limitar el cierre de servicios presenciales que muchas instituciones y empresas están llevando a cabo para eliminar costes salariales e impulsar la comunicación on-line con sus clientes.
