La falta de alumnos aboca a fusiones o cierres a una treintena de colegios en Bizkaia

Según los datos recopilados por este periódico, en Bizkaia una treintena de centros -el 10% del total- se están viendo especialmente golpeados por esta realidad. Entre los cursos 2020/21 y 2024/25 han perdido al menos un tercio de su alumnado en el segundo ciclo de Infantil (de tres a seis años) y/o Primaria. La mitad son públicos y la otra mitad concertados, y han pasado a tener una sola línea en esas etapas. En algunos cursos ni siquiera logran conformar al menos un grupo, lo que evidencia su debilidad a largo plazo. Estos centros, además, se ubican en grandes núcleos urbanos, lo que permitiría su fusión con otros colegios. No se han tenido en cuenta para este cálculo las escuelas rurales o los centros públicos ubicados en pequeños municipios, cuyo cierre dejaría a sus poblaciones sin alternativas.

Las distintas comisiones de trabajo, al menos en la red concertada, monitorizan la situación y ya se anticipan nuevas fusiones. «La caída de la natalidad nos obliga a adaptar el mapa a la nueva realidad», reconocía el pasado viernes en el Parlamento vasco la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. «Es un proceso delicado y complejo, pero debemos hacerlo con planificación, mimo y tranquilidad, de mano de la comunidad escolar», insistió. A juicio de la consejera, el escenario constituye «una oportunidad de construir proyectos de educación sólidos». «Llevamos dos años trabajando en ello», indicó. El departamento juega un doble papel. Acompaña y asesora a los centros concertados que deciden iniciar un proceso de integración, mientras que en la red pública, en cambio, es quien decide qué centros se fusionan (o cierran).

Los sindicatos han criticado en varias ocasiones que estos movimientos se están llevando a cabo «con oscurantismo» y sin contar con la participación de toda la comunidad educativa. En esta reorganización del mapa escolar no hay que olvidar el aspecto laboral. A veces, cuando se juntan dos colegios con un aula cada uno en un curso determinado no se crean dos aulas en el nuevo colegio, y eso genera duplicidades. «En Educación, uno más uno no siempre es dos», puntualiza un director de centro. Algunas estimaciones cifran en 2.000 los puestos de trabajo en peligro.

En la red pública, la consejería afirma querer mantener todo el empleo. Pero los sindicatos son escépticos. «No sabemos qué va a pasar con los trabajadores», apunta Juan Zubia, representante de Steilas, sindicato mayoritario en el colectivo docente de la pública. «No nos creemos que se vayan a mantener todos los puestos», abunda Julen Llanos (CC OO). «Los interinos son los que están en peores condiciones y son los primeros que van a sufrir las consecuencias», lamentan desde el sindicato Interinok taldea. «Durante décadas se ha abusado de ellos, muchas veces para cubrir plazas que nadie más quería. Y en vez de premiarles, serán los primeros en irse a la calle para que vuelvan a participar en concursos y oposiciones», censuran.

En la concertada el sistema es diferente. Los centros de iniciativa social, donde se engloban los de Kristau Eskola, cuentan desde la huelga de 2019 con un sistema de recolocación. Básicamente, se favorecen contratos relevo para quienes se jubilan de forma anticipada para que sus puestos sean ocupados por trabajadores perjudicados por el cierre de aulas. Se pactó que el departamento financie las indemnizaciones del personal afectado por la baja natalidad y los sobrecostes de la Seguridad Social de los contratos relevo. Pero, según denuncia Llanos, «el Gobierno vasco ha decidido ahora limitar esas ayudas». También critica que la comisión de seguimiento que vela por el mantenimiento del empleo lleva «años» sin reunirse.

Hay otro tema más de fondo. Zubia (Steilas) considera que la reorganización del mapa escolar se está aprovechando para «debilitar la escuela pública» y Llanos también apunta a las «maniobras» del departamento para «equilibrar» las matrículas entre centros públicos y concertados. Es algo que ha denunciado asimismo ELA en alguna ocasión. Txus Martín (UGT), por su parte, pide aprovechar el excedente en el número de profesores para «mejorar la calidad» de la educación, mientras que Lorea Igartua (LAB) aboga por «blindar» las plazas públicas de modelo D.

La mayoría de centros concertados en riesgo son de Kristau Eskola. A diferencia de las ikastolas, muchos colegios católicos pugnan por matricular el mismo alumnado. «Estas comunidades religiosas se han responsabilizado de la formación de los más vulnerables porque surgieron para desarrollar un sistema de educación en lugares donde por falta de recursos no existía oferta educativa», señalan fuentes de Kristau Eskola que, aun así, se muestran convencidas de que «las crisis encierran oportunidades». Ponen como ejemplo las integraciones de colegios religiosos en Bilbao y San Sebastián. Ikastolen Elkartea ha preferido no realizar declaraciones y aboga por trabajar «con discreción».